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La reforma laboral no es suficiente para solventar los conflictos entre patrones y trabajadores, es necesario un incremento de al menos 30% de recursos para las juntas de conciliación y arbitraje, respecto a lo autorizado históricamente, señaló Miguel Rodríguez Navarro, secretario general adjunto y director jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro.
Uno de los principales problemas, dijo, es que las juntas de conciliación y arbitraje tardan mucho en solventar los problemas laborales, pues no son dotadas de suficientes recursos.
En el primer trimestre de 2018, la ciudad de Querétaro acumula 131 juicios laborales, mientras que sólo se ha llegado a 14 conciliaciones, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Esto coloca a Querétaro entre las 10 peores ciudades en proporción de juicios y conciliaciones, de las 57 que la STPS tiene registro.
La falta de dotación de presupuesto a las juntas estatales ha sido un problema histórico, no sólo de esta administración, precisó Rodríguez Navarro.
Para el ejercicio fiscal 2018, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Querétaro fue dotado de 19 millones 534 mil pesos, lo que representó un aumento de 17%, frente a los 16 millones 636 mil pesos otorgados en 2017.
Reforma laboral no basta. Una postura de la CTM es que la reforma laboral no era necesaria, sino que fue causa de la presión internacional por negociaciones, como el TLCAN.
Con las reformas de 2017, los conflictos laborales deberán ser resueltos por el Poder Judicial y serán una carga de trabajo extra con las mismas ineficiencias si no se dota de suficientes recursos para desahogar los conflictos, auguró Rodríguez Navarro.
Sin embargo, al haber terminado el periodo ordinario del congreso y al no haberse aprobado las leyes secundarias alineadas con la reforma constitucional se deberá de seguir con la ley anterior, explicó.
Cuando se publiquen las leyes secundarias, y las conciliaciones pasen al Poder Judicial, los procesos pendientes se mantendrán en las juntas de conciliación hasta que lleguen a término.
El gobernador tendrá que seguir otorgando presupuesto a las juntas de conciliación estatales hasta que el último proceso termine y adicionalmente deberá mandar presupuesto extra al Tribunal Superior de Justicia, explicó.
