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El gobierno estatal de Francisco Domínguez Servién no ha utilizado la “camioneta espía” que heredó de la anterior administración, afirmó Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, quien subrayó que el tipo de tecnología que requiere este vehículo implica un costo “que no realizará el gobierno en turno”.
Durante el proceso de entrega-recepción, la actual administración recibió un vehículo que pudo haber sido utilizado con fines de espionaje durante el gobierno del priísta José Calzada Rovirosa, de acuerdo con la información emitida en su momento por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), hoy Fiscalía General.
La denominada “camioneta espía” se reportó con un valor de 15 millones de pesos y fue fabricada por una empresa de origen israelí.
En su momento, la procuraduría informó que el vehículo sería utilizado por dicha dependencia, sólo con la orden de un juez federal y en delitos como secuestros.
“Las investigaciones en términos de uso de equipos electrónicos siempre tienen que realizarse conforme las indicaciones, mandamientos y autorizaciones judiciales; ninguna otra autoridad tiene la capacidad para utilizar tecnología que sean intrusivas de la vida privada o la intimidad de las personas (…) en ningún momento ha sido utilizada”, declaró por su parte Granados Torres.
El funcionario estatal recordó que “la camioneta espía” estuvo adscrita a la PGJ, no obstante, desconoció si continúa bajo el resguardo de la Fiscalía General, ya que, mencionó, deberá ser el fiscal en turno, Alejandro Echeverría Cornejo, quien determine la información correspondiente.
Investigan a empresa. Por otra parte, Granados Torres agregó que el hecho ocurrido en el fraccionamiento El Mirador, donde una persona falleció como consecuencia de una agresión, no puede relacionarse con un acto de tomar justicia por su propia mano. Además, expresó que la empresa de seguridad del fraccionamiento ya es investigada por las autoridades.
Posterior a que la Fiscalía General informó que una persona falleció por asfixia tras ser sometida por vecinos y vigilantes, Granados Torres sostuvo que deberá ser la Fiscalía General, quien se encargue de revisar el tema.
“Yo creo que quien está viéndolo así [como un acto de justicia] está teniendo una apreciación, en mi opinión, equivocada, porque ¿cómo se le puede llamar justicia a un homicidio? En segundo lugar, estamos esperando que la autoridad correspondiente, que es la fiscalía, termine de investigar el hecho”, advirtió.
Explicó que el fallecimiento de la víctima se dio por la falta de conocimiento en la técnica adecuada de sometimiento. Además, señaló que, en caso de comprobarse que el personal de seguridad privada del fraccionamiento estuvo involucrada en el hecho, la empresa será “severamente sancionada”.
“La regulación de toda empresa de seguridad privada es su responsabilidad. Para que ellos puedan trabajar se les da primero un proceso de supervisión, no solamente de su existencia jurídica, de su capacidad, sino también de sus empleados. Evidentemente esta supervisión es periódica, en estos momentos la supervisión sobre la empresa se ha iniciado”, acotó.
