El gobierno federal no cuenta con un mecanismo para evaluar cuántas empresas han violado derechos humanos, y saber si esta cifra ha aumentado o disminuido en los últimos años.
En su visita a Querétaro, Ricardo Sepúlveda, director de Política Pública de Derechos Humanos de Gobernación, reconoció que sólo se basan en documentos de la ONU y en estudios de activistas. Sepúlveda mencionó que son varias las empresas que violan derechos humanos, sobre todo en cuestión de apropiación de terrenos y daños al medio ambiente. Sin embargo, refirió que estos casos son minoría.
“No tenemos un estudio tan profundo, con lo que contamos son con dos instrumentos fundamentales, uno es el informe que nos presentó la ONU y lo otro es que las organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe con más de 50 casos, evidentemente no son todos, pero son significativos”.
El 8 de junio, activistas y representantes de comunidades indígenas señalaron al menos 68 los casos documentados por organizaciones civiles, donde los derechos humanos de pueblos indígenas se han visto violentados por empresas. Aunque en este aspecto, la ONU sólo reconoce 6 casos en todo el país.
Sepúlveda detalló que el principal reto para el gobierno federal en materia de violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas, es hacer cumplir la consulta previa a los ciudadanos, cuando se pretenda construir grandes proyectos empresariales.
El funcionario estuvo presente en la entidad para realizar una consulta pública del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, impulsado por el Gobierno de la República para evitar abusos de parte de empresas a sectores vulnerables, el cual podría estar listo en un par de semanas.
En el evento estuvo también el representante indígena Teodoro Reséndiz Rincón, quien mencionó que en Querétaro también hay signos claros de estas violaciones a los derechos humanos. Hay ocasiones en las que particulares se aprovechan del desconocimiento de los indígenas y compran sus tierras a un precio mucho menor, por lo que dijo, los indígenas deberían ser capacitados sobre el valor de sus terrenos, para evitar que vendan mediante engaños.
“En el ejido San Miguel, la mitad del ejido quiere vender y la otra mitad no quiere. Vender es un error, pienso que requerimos de capacitación sobre cuál es el valor de nuestras tierras.
“Yo he estado en varias asambleas donde la gente se queja de que empresas quieren el dominio pleno de sus terrenos, es decir, quieren que las familias registren esos terrenos para después comprarlos. Hay invasión de mucha gente”, comentó el señor Teodoro.