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El representante indígena del pueblo otomí, Teodoro Reséndiz, quien ha impulsado acciones para mejorar la calidad de los pueblos indígenas en el estado, denuncia que aún existen violaciones claras a los derechos humanos en Querétaro, como maltratos en oficinas de gobierno.
Destacó que la mayoría de las quejas de indígenas expuestas en asambleas ejidales, tienen que ver con que son ignorados por funcionarios públicos al momento de realizar algún trámite, por lo que deben pagar a un abogado para que se presente a las oficinas en su nombre.
Recordó la ocasión en que presentó una denuncia ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDQ), hace cuatro años, su situación fue atendida, pero al mismo tiempo que él, otros compañeros indígenas presentaron demandas similares; sin embargo, estos no tuvieron respuesta alguna.
Teodoro cree que la situación se debe a que él ha conseguido que las autoridades lo reconozcan como uno de los activistas queretanos que se ha dedicado a defender los derechos de los pueblos indígenas, y que tal vez por eso tuvo una respuesta rápida de parte de las autoridades.
“Acudí con el anterior presidente por un caso y sí fui atendido; sin embargo, durante ese mismo tiempo, mucha gente me decía que fue entre dos y tres ocasiones [a las oficinas de derechos humanos] y nadie los atendió. Y es que es una cultura de nosotros, si llevas saco eres bien atendido, si vas vestido como mis compañeros indígenas te va peor”, comentó.
En tanto, la DDHQ no ha sido la única instancia que ha ignorado los trámites de indígenas, también ocurre en el Registro Agrario Nacional, delegación Querétaro, porque según Teodoro, el personal administrativo dificulta el proceso de los miembros de comunidades indígenas.
Como consecuencia, se ven obligados a contratar servicios de un abogado para que las autoridades finalmente resuelvan sus problemas.
“Las que están en ventanilla, no digo que el delegado, me refiero a los que están más abajo atendiendo a la gente, los hacen ir y venir, los mandan a sacar copias, a preguntar en otro lado, a revisar tal documento, y ellos son personas que apenas saben leer o escribir. En cambio, si llega el abogado, las señoritas rápido les dan sus expedientes, por eso nos vemos en la necesidad de gastar dinero que no tenemos en un abogado”, comentó.
Teodoro Reséndiz ha defendido los derechos de los indígenas desde hace 20 años. Reconoció que durante este tiempo hay avances en materia de derechos humanos, pero señala que aún deben mejorarse otras cosas, como capacitar al personal de gobierno que se introduce en las comunidades para ofrecer apoyos.
Mencionó que por lo general envían ingenieros, cuando lo mejor sería tratar con sociólogos o antropólogos, pues la mayoría no entiende la cultura indígena y por lo tanto no puede entablarse un diálogo.
“El otro día un funcionario me dijo que le gustaría hablar con gente como yo en comunidades indígenas, porque los demás no entienden, yo le respondí que el que no entendía era él. No queremos que nos manden veterinarios o agrónomos, necesitamos sociólogos y antropólogos, porque las personas que vienen no tienen capacidad suficiente, no conocen nuestra cultura”, aseguró.
Teodoro reconoció avances como la implementación de traductores de lenguas indígenas y que haya más apertura para niños de comunidades en escuelas públicas.
