Con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción se debe trabajar en la “ciudadanización” de todos los elementos de la estrategia, de tal forma que se logre abatir la corrupción, además de frenar que las instancias anticorrupción “sean nichos políticos”, afirmó el presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, Calixto de Santiago Silva.
El dirigente destacó el trabajo que se ha llevado a cabo en la entidad para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, al ser el primer estado en implementarlo, por ello —aseguró— es que existe la responsabilidad de que el esquema funcione, y para lo cual se deben involucrar los diferentes sectores.
Destacó que el ejemplo que Querétaro ha puesto a las demás entidades se da tanto en este sistema, como en el caso del Modelo Cosmos, para la implementación de la justicia oral.
Sin embargo, subrayó que los alcances deben ser muy claros en el tema de combate a la corrupción.
“Debemos visualizar que los andamiajes jurídicos que existen en el estado de Querétaro han dado pauta en el ámbito nacional y que debe observarse cómo otras entidades han hecho de la Fiscalía Anticorrupción y de los temas anticorrupción un nicho de oportunidades políticas y no una visión de estado”, acusó.
Recalcó que debe trabajarse en una “visión de estado”, donde la “ciudadanización” de los elementos formen parte de ella y trabajen para tomar decisiones para erradicar la corrupción, al ser un tema que no debe permitirse: “Ya no soportamos corrupción en el Estado mexicano y esa visión de largo alcance debe de ser en favor y permeado en favor de la población”.
Calixto de Santiago Silva participó en la sesión ordinaria del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, capítulo San Juan del Río, en la cual anunció la creación de dos nuevos cuerpos colegiados en la entidad, cuyos capítulos operarán en los municipios de Cadereyta y Amealco.
Informó que a partir de agosto iniciarán sesiones las dos nuevas agrupaciones adheridas al Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, “lo que demuestra el interés de los profesionistas del Derecho en mantenerse capacitados para enfrentar nuevos retos, como la aplicación del Sistema Penal Acusatorio y la oralidad, así como los cambios en los mecanismos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje”.