Al menos 50% de los agentes inmobiliarios que prestan servicios en México incumplen con las obligaciones antilavado de dinero establecidas por la autoridad, a pesar de que la actividad es considerada como una de las más vulnerables para la realización de actos ilícitos.
“Lamentablemente un número muy importante de agentes inmobiliarios no está todavía al corriente en estas obligaciones, sobre todo aquellos que no se encuentran dentro de asociaciones”, afirmó Pedro Reyes Martínez, presidente en Querétaro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
Señaló que quienes ejercen la actividad de manera independiente o no profesional son los que mayor riesgo corren de verse involucrados en operaciones con recursos ilícitos.
En Querétaro, de un universo probable de mil 500 personas que se dedican a la actividad inmobiliaria, sólo 360 forman parte de AMPI, entre asociados y afiliados a la asociación.
“Otros más estarán en algunas otras asociaciones, pero el grueso aún se encuentra fuera”, expresó.
La ley antilavado establece la obligación de dar aviso sobre casos de compra-venta o transmisión de derechos sobre bienes inmuebles cuando las operaciones superen los 8 mil 25 salarios mínimos vigentes, equivalentes a 605 mil 807 pesos, o cuando el valor mensual de un arrendamiento excede los 242 mil 322 pesos.
“Con esta ley se busca poner candados para que no se realicen operaciones ilícitas a través de los inmuebles y para ir acotando cada vez más a la gente que hace estas actividades, para que ya no las realicen. Esta es una efectiva guerra contra la delincuencia organizada, a través de instrumentos jurídicos que financieramente atan o acorralan a las personas que realizan estas actividades”, dijo.
Indicó que en lo que va del año no se han presentado reportes relacionados con este tema en el estado, aunque sí se han atendido consultas por parte de asociados que detectan comportamientos inusuales durante la compra-venta de inmuebles.
“En nuestra actividad nos topamos desde gente que quiere pagar en efectivo una operación y que se le tiene que decir que no se puede pagar en efectivo, porque está prohibido por la ley, hasta operaciones que, por la manera, en la que se presentan uno puede llegar a percibir que se está haciendo una operación ilícita”, refirió.
La AMPI busca que quienes desempeñan esta actividad cumplan con todas sus obligaciones legales, por lo que ha iniciado una campaña para dar a conocer el contenido de estas disposiciones a todo el sector, sean o no miembros de la asociación.
“El ser un agente inmobiliario no es una cuestión improvisada: se tiene que estar preparado, se tiene que estar certificado y se tiene que conocer todo el marco legal que nos regula”.