En Querétaro quedó instalada la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, producto de una reforma legislativa para fortalecer la defensa de los menores y que se armoniza con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal y estatal.
Karina Castro Alegría, presidenta del Sistema Estatal DIF, encabezó la ceremonia y estuvo acompañada por la directora del DIF Nacional, Laura Barrera Fortoul, y por el gobernador Francisco Domínguez Servién.
“Estamos en lo que aparenta ser una culminación y sólo es el comienzo, arranca la etapa en la que la Procuraduría del DIF cambia su nombre, pero sobre todo se fortalece, esta transformación está en el fondo no sólo en las palabras; la Procuraduría actuará como eje rector en la salvaguarda y cuidado de la infancia y adolescencia” expresó Karina Castro.
La transformación de la Procuraduría, que antes era de la Defensa del Menor y la Familia, amplía sus facultades y las concentra en un sector poblacional; ahora es la encargada de dar seguimiento a las medidas de protección y además de la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ahora podrá operar, administrar, rehabilitar, conservar, dar mantenimiento y promover la creación de bienes inmuebles en favor de niñas, niños, adolescentes, mientras que otras áreas fortalecerán su atención en mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad en situaciones de abandono, desamparo o sin recursos.
De forma específica, tiene la facultad de conocer y dar seguimiento a los casos de maltrato infantil, atender de manera integral a los menores en centros de asistencia social, resolver la situación jurídica de quienes son puestos bajo la tutela de la Procuraduría como medida de protección.
Además de coadyuvar con el registro extemporáneo de nacimientos, llevar a cabo el procedimiento de los niños en conflicto con la ley penal y llevar a cabo los procedimientos de las adopciones nacionales e internacionales. También tiene la libertad coadyuvar con la Fiscalía General cuando sea necesario en ejercicio de sus actividades.
Con el cambio se crean dos coordinaciones: la de representación jurídica, que está especializada en intervenciones en materia penal; y la coordinación de protección, que tiene la responsabilidad de llevar los procedimientos de protección y restitución de derechos.
Firman convenio. Como parte del evento se firmaron convenios de colaboración con los 18 sistemas DIF de los municipios y uno más de colaboración entre el Sistema Estatal y Nacional, que firmó como testigo el gobernador Francisco Domínguez.
Con ello, el DIF Nacional comprometió la entrega de 4 millones de pesos para el Subprograma de Financiamiento para el equipamiento del Centro de Apertura Social “Carmelita Ballesteros”, además de 1.97 millones de pesos para el Programa de Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Alimentarios, y 1.6 millones para el Subprograma de Capacidad Diferente para capacitación e insumos.
