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Los procesos legales de personas de origen indígena por delitos menores como riñas y percances derivados del consumo de alcohol, se incrementaron al doble en el estado de Querétaro durante 2015 y 2016.
Según Aurelio Sigala, delegado en la entidad de la Comisión nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI), el año pasado un total de 32 personas de origen indígena enfrentaron un proceso legal en el estado. Esta cifra aumentó con respecto al año anterior, cuando 16 personas fueron procesadas y alcanzaron a salir bajo fianza.
A decir del delgado, al momento de enfrentar un proceso legal, las personas detenidas no reconocían tener un origen indígena por diversas cuestiones que podrían estar relacionadas con la discriminación; pues dijo, se estima que alrededor de 15% de la población indígena rechaza su origen por razones relacionadas con el estigma. “Yo creo que a raíz de la difusión de los programas, de los apoyos, la gente tiene menos cohibición (…) no necesariamente porque haya más o menos delitos”, acotó.
Sigala explicó que la CDI realiza un censo penitenciario dos veces al año para identificar a aquellas personas de origen indígena que enfrenta un proceso penal en los ceresos de San Juan del Río, Jalpan de Serra y en San José El Alto.
El delegado recordó que al momento de reconocer el origen indígena, las personas tienen derecho a la asistencia de un intérprete y un traductor, además agregó, que como parte de los programas de la CDI se pueden entregar apoyos económicos a aquellos cuyas penas pueden subsanarse a través del pago de la fianza.
“Todas las personas de origen indígena que por alguna causa se ven envueltas en el proceso legal, obligatoriamente se les debe de asignar un intérprete y un traductor, independientemente de que hablen su español bien (…) Cuando el delito es menor y se le asigna fianza y tiene derecho a fianza, todo el apoyo es importante. La fianza que puede ser hasta de 100 mil pesos y la reparación del daño que se haya causado, puede ser hasta de 90 mil pesos (...) también se les ofrece en sus comunidades un apoyo productivo para que tengan una forma de empleo en su comunidad”, explicó.
Señaló que al corte del año pasado, 36 personas de origen indígenas fueron recluidas en los ceresos de la entidad por delitos relacionados principalmente con la violación, seguido del homicidio y el tráfico de drogas, los cuales no alcanzan derecho a fianza y en los que la CDI no puede intervenir.
A decir de Sigala Paes, en el periodo de 2016, al menos 10 personas de origen indígena obtuvieron un apoyo económico de hasta 250 mil pesos para iniciar proyectos productivos en sus comunidades después de haber enfrentado un proceso penal.
“Prácticamente es para la actividad productiva que sepan trabajar (…) En Amealco, por ejemplo, son proyectos agrícolas que tienen que ver con cultivo de jitomate e invernaderos y proyectos de esa zona, de borregos. Algunos en Tolimán y Cadereyta que tienen que ver con ganado y hay un caso en el que la persona se dedicó al trabajo de mármol”, puntualizó el delegado.
