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Alrededor de 2.5 millones de pesos tendrá que regresar la Universidad Autónoma de Querétaro a 10 trabajadores jubilados y pensionados afiliados al Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUAQ), a quienes les aplicó descuentos en sus ingresos por concepto de la cláusula de complementariedad.
En rueda de prensa, la líder de los administrativos universitarios, Laura Leyva Saavedra, informó que la Junta de Conciliación y Arbitraje resolvió a favor de los ex trabajadores, quienes en 2015 comenzaron un proceso en contra de la casa de estudios por descuentos en sus cheques y recibos de nómina.
Desde 2010, las autoridades universitarias comenzaron a aplicar la cláusula 85 del contrato colectivo del STEUAQ, que a la letra dice: “Los miembros del STEUAQ que, por así convenir a sus intereses, después de cierto número de años de servicio a la UAQ quieran retirarse o jubilarse tendrán derecho a una compensación según los años de servicio y edad, que deberá ser mínima de 55 años y de acuerdo al último salario devengado. La UAQ complementará o suplirá lo que aporte el IMSS conforme a la siguiente tabla”.
Es decir, al considerar que la jubilación que otorga la universidad y la pensión que entrega el IMSS corresponden a una misma relación laboral y no deberían pagarse de forma independiente, se les descontaba a los trabajadores —del cheque emitido por la UAQ— la misma cantidad que les entregaba el Seguro Social por concepto de pensión.
Sin embargo, la Junta de Conciliación emitió un laudo a favor de los ex trabajadores y ordenó a la UAQ reponer el dinero que les debe.
“La Junta estima que tenemos la razón… El dinero no debe representar ningún gasto extra para la UAQ ya que son partidas asignadas, por lo que lo consideramos como un ‘ahorro forzoso’ de parte de nuestros compañeros, pero que ahí está”, comentó el abogado del STEUAQ, José Luis González Godínez.
“Son presupuestos etiquetados para nómina, una vez que la autoridad universitaria acate la resolución no tendrá que erogar de más”, agregó.
De acuerdo con el laudo, la casa de estudios tendrá 15 días para depositarles el dinero a los ex empleados.
Laura Leyva consideró inválidos los argumentos del rector, Gilberto Herrera, quien afirma que un trabajador jubilado no puede ganar más que uno activo y que éstos cobran doble.
“Es su derecho ganado”, apuntó la lideresa al referirse al cobro independiente de la jubilación y la pensión.
“Queremos que quede claro que no dejaremos en quiebra a la universidad, ese dinero lo debe de tener ahorrado. Los trabajadores no tenemos la culpa de que se hayan hecho estos descuentos”, manifestó.
González Godínez explicó que 75 trabajadores comenzaron la demanda en contra de la universidad. El laudo a favor corresponde a tres expedientes, a 10 quejosos, y otros nueve expedientes esperan la resolución.
“Sería conveniente que la autoridad universitaria vuelva a la mesa de diálogo”, concluyó el abogado defensor de los ex empleados.
