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El proceso de modernización del transporte se realizará con quienes quieran participar y no está sujeto al consentimiento de los concesionarios, afirmó Luis Bernardo Nava Guerrero, titular de la oficina de la Gubernatura del estado, quien reiteró que no habrá aumento al pasaje: “La revisión de la tarifa no es tema, no se va a incrementar”.
Expresó que las cartulinas que aparecieron este lunes en algunos camiones de transporte metropolitano (antes RedQ) pueden deberse a la incertidumbre y dudas que tienen los concesionarios sobre el nuevo esquema de operación que propone la administración estatal.
“Algunos tienen algunas inquietudes sobre el comportamiento del modelo financiero para la transición hacia la empresa integradora […] pero no depende en nada su participación para la realización del proyecto de modernización; el planteamiento es para que todas se puedan incorporar, las puertas están abiertas y todos tendrán que hacer la valoración al interior de su empresa, con sus socios, nadie está peleado con su dinero”, sostuvo.
Recordó que, para que la modernización sea una realidad, todas las concesiones se constituirán en una sola empresa, se operará con nueva tecnología de monitoreo de rutas, funcionarán los ejes estructurantes y se eliminará el pago en efectivo.
Buscan que la empresa se conforme en junio; para hacer pruebas en julio, agosto y septiembre, y que a partir del 1 de octubre opere el proyecto.
Las cartulinas incluyeron mensajes como “unidades nuevas cotizadas en dólares americanos”, “empresas en riesgo de quiebra”, “empresa a la venta”, incluso, “tarifa insuficiente”; con esto, los transportistas refrendaron su exigencia de subir el pasaje por las pérdidas económicas que sufren.
En ese tenor, Luis Bernardo Nava expresó que el gobierno estatal no trabaja para rescatar empresas de transporte, pero sí el servicio de calidad a los usuarios; por ello, la modernización operará aunque no todos se quieran sumar al nuevo esquema.
El director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro López Franco, recordó que el gobierno entrega concesiones para brindar un servicio público y que los permisos son para quienes demuestran viabilidad financiera, por lo que sería una contradicción darlas a quien no tiene capacidad para operarla.
Aseguró que el proceso de modernización presenta “grandes avances”, como la prueba piloto con la ruta 41, que lograron optimizar en 10%.
Explicó que la administración anterior adquirió, con un costo de un millón de dólares, un software que monitorea todos los aspectos de una ruta: pasajeros, horario, los tiempos de frecuencia y de traslado.
Estos datos permiten determinar cuántos camiones se requieren y la operatividad de cada ruta.
