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Las familias desalojadas del segundo Barrio de Dolores en El Marqués ya trabajan con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y con el gobierno estatal para encontrar una respuesta a su problemática, informó el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres.
Al menos 40 familias fueron desalojadas la semana pasada, luego de que un particular demostrara que el terreno, en donde vivían, fue invadido ilegalmente; por lo que, por orden de un juez, las familias fueron retiradas del lugar.
“Existe de origen una querella por parte de personas que acreditaron la posesión del inmueble, se trata de un grupo de personas que están siendo lideradas para invadir de manera ilegal el predio, esto no se va a permitir”, aseguró.
Destacó que están atendiendo el tema junto con las autoridades federales para asesorarlos jurídica y socialmente para encontrar alguna forma de apoyo, siempre que sean necesidades que puedan ser resueltas por la autoridad.
“Se les está atendiendo en un proceso de diálogo, de manera importante, colaboradora del delegado de Corett que ha aceptado tener una entrevista con ellos. En la Secretaría de Gobierno estamos gestionando de acuerdo a estas necesidades reales para atenderlas”, comentó.
El funcionario estatal enfatizó que lo que no permitirán es que seudolíderes sociales se aprovechen de la necesidad de la gente para engañarlas o estafarlas.
Recordó que por este caso dos personas fueron detenidas porque vendieron terrenos que no eran de su propiedad, fueron procesados por el delito de despojo y podrían enfrentar cargos por fraude.
Según testimonios de las familias afectadas, algunos llegaron a pagar hasta 100 mil pesos por el terreno en el que vivían; a otros se les dijo que podían vivir sin pago alguno.
“Existen órdenes de captura, judicial, unas que se han cumplimentado y otras que están en ese proceso, y respecto de los ciudadanos que han sido engañadas, llevadas a estos predios haciéndoles creer que por la sola ocupación tendrán derechos en la propiedad”, explicó.
Tras el desalojo, las familias afectadas se mantienen en plantón frente a palacio de gobierno (en la Plaza de Armas) exigiendo el apoyo de las autoridades del estado, razón por la cual las puertas principales del inmueble han permanecido cerradas durante una semana.
“Lo que no se puede permitir es que haya líderes que, utilizando las necesidades de las personas, quieran lucrar con ellas, quieran hacerse pasar por líderes sociales cuando en realidad tienen hasta órdenes de aprehensión; yo creo que el tema es, muy fácil, si alguien violenta la ley, se le aplicará la misma”.
