La Contraloría municipal de San Juan del Río mantiene en curso 123 procesos de sanción en contra de igual número de ex funcionarios municipales por incurrir en irregularidades durante su periodo de gestión y las cuales no pudieron ser subsanadas, informó la contralora Catalina Calva Corona.
Aseguró que dentro de los 123 procesos de sanción, destacan asuntos iniciados por la vía penal, otros por la vía civil y otros de carácter administrativo. Además de estos, otros 12 asuntos están radicados en juzgados contenciosos, que fueron sancionados el año pasado y por los cuales se iniciaron procesos de revisión de parte de los responsables.
Detalló que los procedimientos iniciados corresponden a irregularidades de cuentas públicas correspondientes a anteriores periodos de gobierno, así como a inconsistencias detectadas en el proceso de entrega-recepción, al inicio de la administración actual.
La funcionaria explicó que, a pesar de las inconsistencias detectadas en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, por falta de firmas para su validez, los procesos continuarán su curso, al agregar que hay asuntos de carácter penal que deben ser castigados por otras instancias.
“Estos procesos han sido radicados bajo la ley de responsabilidades de 2009, hay asuntos de carácter penal, civil y administrativo, los procesos están en curso y en su momento los ex funcionarios señalados estarán en su derecho de recurrir a los medios de defensa que consideren pertinentes”.
Para 2016, el municipio aprobó 56 procesos de sanción en contra de igual número de funcionarios, por irregularidades de carácter administrativo, en el ejercicio de sus funciones. Del paquete de sanciones del año pasado sólo quedan pendientes los 12 asuntos antes mencionados.
Si bien, el año pasado se iniciaron 120 procesos de sanción por incumplimiento en la declaración patrimonial. Por estos casos se aplicaron multas económicas. De estos asuntos, 50 se resolvieron con la aplicación de multas económicas para octubre de 2016.
La contralora reconoció que, ante las deficiencias de esta ley, cualquier ex funcionario que enfrente un proceso pudiera ampararse, pero insistió en que en el municipio hay irregularidades que no pueden ser evadidas aduciendo a los huecos de esta ley.
“Tenemos que aplicar la ley de Responsabilidades de Servidores Públicos aprobada en 2009, esta es vigente, aunque hay un amparo que promovió un ex funcionario y le concedieron un fallo a su favor; no podemos eludir la aplicación de esta ley, pero también tenemos procesos de carácter penal, que son independientes a dicha ley”.
Calva aseguró que, hasta el momento, no se ha declarado la invalidez de esta ley como ocurriera en 2016 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificara a la Legislatura local de la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Responsabilidades actualizada ese año y que fuera publicada antes de que entrara el vigor el Sistema Nacional anticorrupción, razón por la que fue invalidada.
“Hasta el momento, la Legislatura no se ha pronunciado sobre los recovecos encontrados en esta ley que sigue siendo vigente porque la de 2016 fue declarara inconstitucional. En el caso reciente un particular se amparó ante la aplicación de la ley por estas fallas, obtuvo un fallo favorable, pero eso no quiere decir que la ley no deba ser aplicada”, reiteró.