El amparo promovido por la empresa de taxis ejecutivos Uber es sorpresivo, en vista de que fueron escuchados y participaron en conjunto con otras organizaciones, en la conformación de la Ley de Movilidad del estado, indicó Antonio Zapata Guerrero, diputado presidente de la Comisión de Movilidad de la 58 Legislatura de Querétaro.
El legislador subrayó que desde un inicio se tomaron en cuenta las observaciones de la empresa y se integraron en la legislación vigente, por lo que dijo, que la decisión de la empresa de ampararse es lamentable, ya que “las reglas las conocían, las reglas las aceptaron y las modificaciones incluso se hicieron”.
“Me parece que fueron escuchados, como fue escuchada Cabify y algunas otras organizaciones. Yo si estoy sorprendido de que hoy me digan que no están de acuerdo con la ley de movilidad (…) tendremos que resolver, o esperar a que se resuelva el tema del amparo”, argumentó.
El diputado agregó que desde el punto de vista jurídico, el Poder Ejecutivo a través del Instituto Queretano del Transporte (IQT) es quien se deberá de encargar del procedimiento del amparo, no obstante, señaló que la Legislatura realizará un análisis en caso de que no estuviera bien fundamentado dicho procedimiento con base en la Ley de Movilidad.
Argumentó que la firma, pese a haber dos convocatorias para la autorización de la plataforma, no presentó en ninguna de ellas la documentación correspondiente. Esto a comparación de Cabify, que opera bajo un esquema similar y que sí obtuvo el registro para circular en la entidad.
Recordó que todas las plataformas que circulen sin la autorización correspondiente se harán acreedoras a sanciones que van desde multas hasta el retiro de las unidades de circulación, pues operarán de forma ilega.
Mauricio Ortiz Proal, coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 58 Legislatura del estado de Querétaro, manifestó que el IQT debe poner orden en el servicio de taxis ejecutivos y proporcionar información pública sobre los lineamientos que regulan su actividad, pues a la fecha, continúa un “trato injusto” en comparación con los taxistas tradicionales.
“No sabemos qué esfuerzos se están haciendo para que la regulación y las obligaciones que establece esa ley se estén cumpliendo. Al día de hoy no sabemos cuántos taxis ejecutivos están reconocidos por el gobierno, ni de qué empresas; con qué herramientas inteligentes están actuando y de qué manera estamos garantizando que no crezcan”, acusó.
Indicó que existe una “absoluta ausencia” por parte del IQT para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad del estado; lo cual, genera pérdidas importantes para los taxistas.
“(Los taxistas) tienen que pasar verificaciones, que tiene que fincar los vehículos, que tienen que encuadrarse en las obligaciones que establece la normativa para que puedan funcionar y por otro lado, a prácticamente un año de camino andado en esta ley de movilidad no visualizamos ningún esfuerzo claro y real para supervisar cuál es el trabajo de estos taxis ejecutivos”, finalizó.