Más Información
México ha recibido una serie de recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW, por sus siglas en inglés), respecto al cumplimiento de la protección y garantía de los derechos de las mujeres.
Entre las acciones que México debe realizar están tipificar el feminicidio en todos los códigos penales, agilizar la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, mitigar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y evaluar el mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal.
En este marco y a dos años de las observaciones finales del Comité CEDAW, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM con la Red Nacional de Alertistas, integrada por solicitantes y promoventes de 17 estados del país, elaboró el Informe Sombra CEDAW Intermedio, donde se recopiló y se sistematizó información correspondiente a sus estados. Esa información arrojó, entre otros, lo siguiente:
Que el Estado mexicano no sólo no ha cumplido con la homologación del feminicidio, lo ha politizado. Los principales obstáculos que se encontraron en la aplicación del tipo penal de feminicidio y del Protocolo de Investigación incluyen asimetrías legislativas, dificultad en la reclasificación de los homicidios dolosos, como el feminicidio, y que los casos de mujeres asesinadas con violencia y relacionadas con el crimen organizado no son considerados casos de feminicidios.
Por otra parte, el Estado mexicano tampoco ha cumplido con la simplificación y armonización en las entidades federativas de los procedimientos de activación del Programa Alerta Amber y el Protocolo Alba, ni con la agilización de la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas.
A pesar de que las 17 entidades cuentan con los mecanismos del Programa Alerta Amber y el Protocolo Alba, estos no son aplicados de forma correcta en ningún estado de la República.
Esto se debe a que la activación de las fichas de búsqueda tardan hasta las 72 horas, falta difusión, actualización y de seguimiento a las investigaciones, no existen campañas de información sobre la activación de los protocolos y no hay coordinación en la aplicación efectiva de los mecanismos. Además no todos los estados cuentan con políticas y protocolos orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas.
Las recomendaciones vinculantes emitidas por el Comité CEDAW no han sido cumplidos en su totalidad por el Estado mexicano, se observa una falta de compromiso y responsabilidad con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por otra parte, y pese a la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, no se ha garantizado la participación de organizaciones no gubernamentales, ya que no todas las organizaciones peticionarias forman parte de los Grupos Interinstitucionales.
