A poco más de un mes para que concluya la administración estatal, a cargo de Francisco Domínguez, la activista María del Carmen Consolación González Loyola consideró que existen avances en el combate a la violencia contra las mujeres, pero aún existen rubros que atender en respuesta, combate y prevención de ese delito.
“A casi seis años de este proceso, podemos decir que avanzamos, pero que sigue siendo insuficiente, por mucho”.
En materia de leyes, el avance aún es escaso, menor aún el que se tiene en materia de prevención. El principal problema se observa en todo lo que se relaciona a la atención de víctimas, el acompañamiento jurídico y evitar que la violencia escale.
“Muchas de estas víctimas que terminan en feminicidio han acudido previamente a las autoridades a solicitar auxilio; en muchas ocasiones no se les brinda adecuadamente y el proceso de violencia continúa hasta concluir con el feminicidio”.
Es muy grave que los huérfanos por feminicidio quedan en un estado de desamparo, tema que está afuera de la agenda política estatal y los Institutos Municipales de las Mujeres aún carecen tanto de infraestructura como de presupuesto necesarios para que prevención y combate a la violencia, reconoció.
Se observa gran desatención en las áreas de atención a víctimas, la mayoría de las mujeres carece de asesoría jurídica gratuita adecuada que las acompañe en procesos judiciales.
Si se tuvieron avances fue gracias a la solicitud que organismos realizaron para activar la Alerta de Género para Querétaro; petición que se realizó en septiembre del 2015, dijo.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) no emitió la declaratoria, pero sí ocho recomendaciones a las autoridades queretanas.
Gracias a esas recomendaciones se generó un banco único de datos sobre la violencia de género contra las mujeres, que obliga a todas las autoridades a reportar estadísticas de la atención que realizan a las víctimas.
Se aprobaron cuatro protocolos relacionados con la investigación de delitos: feminicidio, violencia familiar, delitos sexuales y búsqueda de mujeres desaparecidas. “También que se tuviera un protocolo para la emisión de las órdenes de protección a mujeres hacía falta y siguen quedando pendiente muchas cosas”, expuso.