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La primera audiencia por las agresiones a tres periodistas en la Gasolinera de El Porvenir, en la capital de Querétaro, tuvo que aplazarse porque los imputados no acudieron, informaron dos de las periodistas agredidas, Nadia Bernal y Paulina Rosales.
Los presuntos agresores de tres reporteras, ya identificados por la Fiscalía General de la República (FGR), no acudieron a los Juzgados Penales de Querétaro para atender las denuncias por delitos contra la libertad de expresión. Los presuntos agresores de tres periodistas en la Gasolinera de El Porvenir, cuando cubrían una manifestación de vecinos que querían evitar la apertura del dispensario de combustible, no acudieron a la primera audiencia en los Juzgados Penales de Querétaro.
Según explicaron dos de las reporteras agredidas, Paulina Rosales y Nadia Bernal, el juez de control federal determinó organizar una notificación conjunta con el Poder Judicial de la Federación, acudiendo de manera presencial a domicilios que ya están identificados.
“La audiencia tuvo que diferirse porque no llegaron los imputados, pero el asunto radica en que no fueron localizadas estas personas. La Fiscalía hizo una petición porque los notificadores no localizaron a estas personas, pero los agentes de investigación de la FGR sí tienen localizado el domicilio. Entonces, lo que solicitó la Fiscalía es hacer la notificación en conjunto”, señalaron.
Será hasta el 21 de julio cuando se realice de nuevo la audiencia que daría inicio a las acusaciones por agresiones a dichas reporteras y a Diego Hernández, reportero que fue también golpeado, y la libertad de expresión, delitos que son perseguidos por el sistema judicial federal a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Entre los imputados están integrantes del grupo de cerca de 40 golpeadores que habrían sido contratados por el dueño de la Gasolinera de la Colonia El Porvenir, al norte de la Delegación Centro Histórico en la capital, debido al litigio que mantuvo con vecinos que buscaban impedir su apertura.
En aquel entonces el gobierno estatal realizó un operativo para detener al grupo de personas, que venían acompañadas de una patrulla del Estado de México, esto al tratar de huir en al menos cuatro camionetas con placas de esa entidad.
Tras un año y medio de la agresión, de finales del 2023, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que se retirarán los permisos federales para la operación de dicho negocio y, ahora, los vecinos piden que se expropie el terreno y se construya un parque público.
