Más Información
Las campañas políticas de 2015 fueron auditadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el caso se encuentra cerrado, pero si alguien demuestra que hubo entrega de recursos de Libertad Servicios Financieros a candidatos del PRI y PAN debe presentar la información a la autoridad, señaló el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
Explicó que para reabrir la información se tendría que dar una sentencia judicial en el caso de la demanda que interpuso el exsocio de Libertad Servicios Financieros, Sergio Bustamante, quien asegura que esta institución dio recursos en dicho año a candidatos queretanos del PAN y del PRI.
De visita por Querétaro, donde dio una conferencia, manifestó que el INE no se conforma con registrar lo que los partidos informan, pues realiza auditorías de campo, indaga los reportes a las cuentas bancarias, los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras acciones que le permiten detectar gastos que no reportan los partidos.
“Si hay alguien que tiene pruebas que hay elementos que no fueron considerados, es su obligación ponerlas a disposición de la autoridad electoral”, puntualizó.
Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) no les ha solicitado información del caso.
La democracia, en riesgo. En otro orden de ideas, reprobó la modificación constitucional que se aplicó en Baja California para ampliar el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla, pues consideró que afecta el principio de certeza de las elecciones, pues los legisladores “cambiaron las reglas del juego cuando el juego terminó” y, por tanto, la misma convocatoria dentro de la cual emitieron su voto los ciudadanos.
“Tenemos un ejercicio retroactivo del cambio de las reglas del juego. La propia Constitución establece que ninguna regla electoral puede modificarse dentro del periodo de 90 días antes que el proceso electoral comience. Cuando comienza un proceso electoral todos, partidos, autoridades, ciudadanas y ciudadanos, tienen que saber con qué reglas se va a jugar”, dijo.
Los partidos políticos y el Presidente se encuentran entre los “entes” que pueden presentar controversias contra la medida, para evitar que se convierta en “un triste caso de estudio en las clases de Derecho Constitucional”.
El funcionario dijo confiar en la vocación democrática del gobierno de la República y, por tanto, que no replicará en su mandato lo ocurrido en ese estado.
“Entiendo que el presidente dijo que no está conforme con eso, esperaría que no, porque entonces sí estaría en grave riesgo el orden democrático. Yo confío mucho en la vocación democrática del Gobierno de la República”.
Lo anterior lo declaró dentro de la ponencia que presentó, titulada Retos y Desafíos de la Democracia 2019, que impartió a convocatoria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de Querétaro.
