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El Programa Estatal de Derechos Humanos 2017-2021, implementado por el gobierno del estado, presenta un avance de 92% en su cumplimiento, informó el titular de la Coordinación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, José Antonio Ledesma Ferrusca.
Mencionó que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en sus ejes Querétaro Humano y Querétaro Seguro, estableció diversas estrategias y líneas de acción tendientes a incorporar una perspectiva incluyente dentro de los programas y acciones gubernamentales, específicamente en aquellas que atienden las necesidades de todos los grupos en situación de vulnerabilidad.
A la fecha, en el programa, dijo, se han cumplimentado 126 de las 137 líneas de acción que lo integran, las cuales, agregó, fueron divididas en cuatro apartados.
El primero consiste en el Diagnóstico General del Estado de Querétaro, el cual abordó los principales retos y áreas de oportunidad que se advirtieron de la consulta pública realizada y la participación organizada de distintos actores.
Entre los logros también se destaca la capacitación de más de 11 mil 150 servidores públicos mediante 167 cursos impartidos en materia de derechos humanos.
El segundo, indicó el funcionario, contempló estrategias que se han establecido como ejes transversales para la elaboración del programa.
Derivado de lo anterior, se han publicado 34 reformas al marco normativo local con la finalidad de avanzar en la armonización con los estándares y ordenamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Además, se cuenta con 11 protocolos de actuación que garantizan la atención y trato digno por parte de diversas instancias y autoridades.
En el tercero se establecieron estrategias específicas para garantizar los derechos de integridad, salud, justicia, educación y derecho a la igualdad y no discriminación.
Entre las acciones a destacar se encuentra la integración de siete sistemas o cuerpos colegiados con la finalidad de identificar y atender problemáticas especificas en materia de derechos humanos.
En el cuarto y último apartado se definieron estrategias específicas para garantizar los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta los retos que enfrenta nuestra entidad, entre los que destacan comunidades indígenas, personas LGBTTTIQ+, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas migrantes, mujeres, niñas, niños, así como adolescentes.
