El bar , ubicado en el municipio Querétaro, seguirá clausurado debido a un proceso de investigación llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo anterior lo informó Ricardo de la Vega, director de Gobierno de la Secretaría de Gobierno estatal. En rueda de prensa el funcionario recordó que en el establecimiento referido se dieron los hechos violentos del pasado 9 de noviembre, donde varios sujetos entraron con armas largas y empezaron a disparar a los asistentes, dejando un saldo de 10 muertos y 13 heridos.

El establecimiento, señaló, podría no volver a operar por diversas irregularidades detectadas de parte la autoridad estatal durante diversas inspecciones. De la Vega recordó que 80 establecimientos nocturnos fueron clausurados en las últimas semanas en la zona metropolitana, de los cuales 24 cierres correspondieron a la Secretaría de Gobierno.

Precisó el 30% de los negocios clausurados ya se regularizó y reanudaron operaciones tras cumplir con normativas y permisos. Los Cantaritos, puntualizó, es el único establecimiento que enfrenta la posibilidad de un cierre definitivo.

Además, indicó, se detectaron cuatro establecimientos más propiedad del titular de la licencia de Los Cantaritos, los cuales también permanecen clausurados hasta que las autoridades determinen su situación legal.

El funcionario estatal destacó que, pese a que Los Cantaritos cuenta con una licencia vigente, el inmueble está asegurado por la Fiscalía. Por ello el destino del bar dependerá del curso de las investigaciones relacionadas con los homicidios de 10 personas registrados en el incidente del pasado 9 de noviembre.

“La clausura definitiva de este bar parece ser una garantía. Sin embargo, seguimos analizando si otros establecimientos de los mismos propietarios podrán reabrir o serán cerrados definitivamente”, señaló Ricardo de la Vega.

Afirmó que el gobierno estatal continuará supervisando que todos los negocios con venta de alcohol cumplan las normativas para preservar la seguridad en la entidad.

Las principales razones de las clausuras incluyen irregularidades en licencias y permisos, entre otros aspectos.

Las sanciones aplicadas oscilaron entre 100 y 350 UMAs (Unidades de Medida y Actualización), con un costo aproximado de 108.57 pesos por UMA, logrando una recaudación total de 138 mil pesos por concepto de multas.

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