La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que personal médico de Querétaro, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cometió violencia obstétrica que dejó secuelas en la salud de una mujer, y de forma permanente en su hijo.
El 18 de mayo de 2018, la víctima -que además laboraba para la institución acusada- acudió para recibir atención médica con 38 semanas de gestación y contracciones, siendo ingresada a vigilancia de parto.
A pesar de tener programada una cesárea, el ginecólogo realizó procedimientos médicos para acelerar el parto y le suministró medicamentos.
Fue este 12 de abril que la CNDH hizo pública la recomendación 14/2021 girada al director General del ISSSTE en Querétaro, Luis Antonio Ramírez Pineda “por la violencia obstétrica ejercida contra una mujer y los daños causados a la salud de su hijo en el Hospital General de ese Instituto”.
El relato de hechos acreditados por la Comisión expone que, cuando la mujer ingresó a la sala de expulsión, el ginecólogo intentó sacar con fórceps al producto de la gestación sin conseguirlo hasta que fue asistido por otro médico.
“El recién nacido fue atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con diagnóstico de asfixia, mientras que la mujer fue reingresada a quirófano por hemorragia obstétrica, parto patológico, ruptura uterina y choque hipovolémico, extirpándole el útero y un ovario para salvar su vida”, indica la Comisión.
Agregan que, a casi tres años del hecho, la mujer sigue presentando problemas de salud, así como secuelas psicológicas por el trato y los procedimientos aplicados.
Mientras que la persona menor de edad es atendida por especialistas en neurocirugía pediátrica y deberá acudir a valoración durante ocho años bajo un esquema de medicamentos anticonvulsivos para advertir cualquier afectación en su desarrollo.
“El análisis de los hechos y evidencias que integran el expediente permitió a este organismo nacional acreditar violaciones al derecho de acceso a la salud, a una vida libre de violencia en su modalidad de violencia obstétrica, a la integridad personal y al interés superior de la niñez”, señala.
Por ello, se solicitó al director General del ISSSTE que, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño causado a víctimas y familiares, incluyendo una compensación justa y suficiente; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y otorgar a la mujer atención médica, psicológica y/o psiquiátrica, mientras que al menor de edad se le deberá proporcionar atención neurológica y de rehabilitación.
También se le pide colaborar en la queja que por este caso se presente ante el Órgano Interno de Control en el ISSSTE y capacitar a todo el personal del Hospital General en Querétaro sobre el derecho a la protección de la salud; conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas en esta materia y crear un programa permanente para la prevención y atención de los casos de violencia obstétrica.