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El Consejo de Notarios del Estado de Querétaro solicitó formalmente al director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, una aclaración pública tras la difusión de información incorrecta en la conferencia matutina del 18 de diciembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante dicha conferencia, se presentó una diapositiva que identificaba presuntas incidencias de fraude inmobiliario en diversas entidades federativas, asociando al estado de Querétaro con “Notaria 9”. El Consejo de Notarios ha verificado que esta información es incorrecta y carece de sustento en los registros oficiales.
Tras una revisión exhaustiva en los asientos del Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, se constató que no existe relación alguna entre las supuestas incidencias y la Notaría Pública Número Nueve, a cargo del licenciado Jorge Lois Rodríguez. La investigación incluyó operaciones en los desarrollos inmobiliarios Puertas de San Miguel de la empresa Vivienda 10, S.A. de C.V., y Flores de Hacienda, de Desarrollo Inmobiliario Oleanna, S.A. de C.V., confirmando la ausencia de vínculos con dicha notaría.
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Estos hallazgos fueron comunicados al delegado estatal del Infonavit, Jaime Arroyo Arrieta, al subsecretario de Gobierno del estado, Carlos Hale Palacios, y al fiscal general del estado, con quienes el Consejo mantiene una coordinación plena.
En representación del gremio notarial, el presidente del Consejo de Notarios, Carlos Rafael Altamirano Alcocer, exigió que la aclaración sobre el error sea difundida con el mismo alcance que tuvo la información original. Destacó la importancia de proteger la reputación del gremio y reiteró el interés del Consejo en colaborar para investigar los hechos, identificar responsabilidades y sancionar a quienes hayan participado en los fraudes señalados.
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En la “Mañanera del Pueblo” del 18 de diciembre, el director general del Infonavit, Octavio Romero, denunció la existencia de una red delictiva que ha otorgado múltiples créditos sobre una misma vivienda, vendiendo inmuebles hasta cuatro veces por año. Esta práctica fraudulenta ha afectado a derechohabientes en varios estados, incluyendo Querétaro, y se estima que el fraude asciende a más de mil 200 millones de pesos.
