Las dos personas vinculadas a proceso y quienes se encuentran en prisión preventiva como presuntas responsables de la matanza en Los Cantaritos, pueden alcanzar hasta 50 años de prisión por los delitos de homicidio contra 13 personas y tentativa de homicidio en contra de otras 10 personas, informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Braulio Guerra Urbiola.
Explicó que la pena máxima en Querétaro son 50 años de prisión, aunque dijo que en ocasiones hay una suma de delitos, lo que se denomina “concurso de delitos” y, dentro de éste, existe el concurso real y el concurso ideal, cuando son en distintos momentos, puntos, hechos, horas, es un concurso real.
En cambio, cuando todo se da en un solo lugar y es un solo hecho, hay cuestiones de teoría del delito que llevan a un concurso ideal. En el caso de los concursos reales, abundó, suman lesiones, robo, lo que eleva la pena, lo que se vuelve sólo declarativo, porque en la realidad nadie puede tener más de 50 años de prisión por el delito de homicidio.
“Tenemos dos detenidos por homicidio calificado contra 10 y por tentativa y por lesiones en 13 y en este caso se han vinculado a proceso, es decir, amerita que irán a juicio, se encontraron datos de prueba para vincularlos a proceso, se les dictó una previsión preventiva justificada y tres meses más de investigación, es decir, que Fiscalía tendrá tres meses complementarios y diversos cateos”, dijo.
Guerra Urbiola señaló que este tema aún no está concluido porque hay más que investigar y se tendrán más actuaciones por parte de la Fiscalía.
“Fueron solicitadas, por parte de la Fiscalía, distintas peticiones que fueron diversos cateos que se han estado realizando y que los jueces han otorgado de manera inmediata y que Fiscalía ha justificado de manera plena las condiciones jurídicas para poder seguir haciendo cateos en investigaciones, en distintos puntos del estado”, explicó.
Piden mayor presupuesto
El magistrado presidente del TSJ informó que para el 2025 este poder busca un incremento del 14% en el presupuesto a ejercer, es decir, mil 700 millones de pesos, lo que permitirá atender cambios y demandas que las modificaciones a nivel federal establecen como obligatorias.
“Hemos creado un comité, este comité se encargará de implementar todo 2025 las capacitaciones a jueces y juezas porque, por ley, es decir, de ahí ya no nos podemos escapar, hay un calendario y fechas, que la justicia civil y la justicia familiar, sean orales. Necesitamos empezar de manera intensa las capacitaciones”, dijo.