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Luego de 49 días de huelga, el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Cadereyta y la administración local llegaron a un acuerdo que permitirá poner fin al paro laboral. El convenio contempla la entrega de 11 millones de pesos por parte del municipio para saldar adeudos históricos y un aumento salarial del 4.5% para los empleados sindicalizados.
El magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Ignacio Aguilar Ramírez, confirmó que tras largas negociaciones y múltiples mesas de diálogo, ambas partes lograron acercar posturas para destrabar el conflicto.
“Fue un acuerdo que costó mucho trabajo, mucho tiempo y muchas audiencias, pero al final del día, con el esfuerzo del sindicato, que cedió en algunos puntos, y del municipio, que hizo un esfuerzo económico importante, se pudo dar por terminada esta huelga”, señaló.
Entre los puntos clave del convenio destaca la asignación de 11 millones de pesos que incluyen el pago de adeudos pendientes y mejoras en algunas prestaciones.
Asimismo, el magistrado aclaró que los honorarios del abogado del sindicato, que ascendieron a 64 mil pesos, no forman parte de esta bolsa, desmintiendo versiones que sugerían que los fondos estatales serían destinados a gastos legales.
“Ese dinero es para el pago de adeudos del municipio con el sindicato. Hubo confusión en la información, pero los honorarios del abogado son aparte”, explicó.
El conflicto tiene raíces en adeudos acumulados durante varias administraciones. En 2015, los trabajadores ya habían estallado una huelga, logrando acuerdos que, con el tiempo, no se cumplieron en su totalidad. En 2016 hubo otro emplazamiento, pero sin llegar a huelga. El problema se agravó en los últimos años, hasta que un comité sindical renovado decidió emprender nuevas acciones legales.
Ante la falta de respuesta por parte del municipio, el sindicato convocó a la huelga el año pasado. Las negociaciones previas no lograron resolver el conflicto, lo que llevó a una paralización prolongada de las actividades municipales.
El Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría del Trabajo, intervino para facilitar el diálogo y encontrar una salida negociada. Según Aguilar Ramírez, esta mediación fue clave para destrabar las negociaciones y alcanzar un consenso.
“La ley señala que una huelga puede terminar por convenio entre las partes. El gobierno del estado facilitó ese acercamiento, permitiendo llegar a un acuerdo satisfactorio”, indicó.
