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Con el objetivo de que se emprendan acciones jurídicas en contra de la empresa Homex por incumplir con los propietarios del fraccionamiento Hacienda Santa Rosa en la delegación Santa Rosa Jáuregui, la diputada del PAN Beatriz Marmolejo Rojas ingresó una iniciativa para exhortar al municipio de Querétaro para que apoye y respalde legalmente a los ciudadanos afectados.
“Por parte del fraccionador hay un incumplimiento en los ofrecimientos que se tuvieron desde que ellos adquirieron su vivienda en esta zona, lo cual ha generado que se vean en una situación complicada en cuanto a la falta de servicios, incluso contra sus derechos humanos”, dijo.
En 2014, la empresa inmobiliaria Homex se declaró en bancarrota, dejando a millones de sus clientes alrededor del país a la deriva y con grandes problemas por delante. Tan solo en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, más de tres mil 600 familias tuvieron complicaciones con el sistema de drenaje, alumbrado público y agua potable, así como fallas de infraestructura en algunas viviendas, las cuales, ante la falta de respuesta por parte de la empresa para resolverlas, fueron abandonadas por sus propietarios.
Tras presentar el exhorto, que se espera pueda llegar al Pleno del Poder Legislativo, la diputada del PAN, Beatriz Marmolejo Rojas dijo en entrevista que con dicho documento espera que el municipio de Querétaro haga valer sus facultades para que se ejecuten las acciones jurídicas que sean necesarias contra quien resulte responsable.
“Con este exhorto lo que estamos haciendo es darle una herramienta jurídica al municipio de Querétaro para que represente y acompañe a los habitantes de Hacienda Samara Rosa. El Ayuntamiento tiene la representación de todos los habitantes del municipio. Hay varios fraccionamientos en esta situación”.
Comentó que se han emprendido acciones para poder apoyar a las personas que habitan en el fraccionamiento mencionado. La primera fue el exhorto presentado el día de ayer y posteriormente se promoverá una iniciativa para reformar el Código Urbano a fin de dotar de mayores facultades a los ayuntamientos para que puedan hacer inversión pública en los fraccionamientos que se encuentran en una situación similar y, recuperarla a través de un crédito fiscal con quienes hayan incumplido.
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