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En Querétaro se registran al año 534 millones de pesos en depósitos de pensiones alimenticias, lo que refleja el volumen de cumplimiento de estas obligaciones; también se registran 15 deudores alimentarios en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (Renoa).
El sistema permite identificar a quienes no cumplen con sus responsabilidades, limitando sus derechos en diversos trámites, como la obtención de ciertos documentos o la posibilidad de ser candidato a un cargo de elección popular.
El magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, informó que su implementación es impulsado a nivel nacional por el Sistema DIF, opera bajo la premisa de que la inscripción de deudores alimentarios no es automática, sino que se realiza a petición de parte. “No quiere decir que no haya más deudores alimentarios, sino que no se solicita el registro, y como no se solicita, no se suben”, explicó.
Procedimiento para la inscripción de un deudor alimentario en el Renoa
Por su parte, el consejero César Soto detalló el procedimiento para la inscripción de un deudor alimentario en el Renoa. Primero, la parte afectada debe informar al juez familiar sobre el incumplimiento del pago de la pensión, ya sea provisional o definitiva. El juez evaluará la situación y otorgará un plazo para el cumplimiento. Si el deudor no regulariza el pago, será inscrito en el registro. “No es necesaria una denuncia penal, todo se gestiona a través del juez familiar”, aclaró Soto.
Actualmente en Querétaro hay 15 personas inscritas en el registro, aunque este número no refleja la cantidad real de deudores, sino únicamente los casos donde se ha solicitado la inscripción. Se estima que alrededor del 30 al 35% de los casos en los juzgados familiares están relacionados con pensiones alimenticias, lo que equivale a aproximadamente mil 800 expedientes anuales por juzgado.
El Poder Judicial también reconoció la carga de trabajo que enfrentan los juzgados familiares y la necesidad de optimizar los procesos. “La ONU recomienda 18 juzgadores por cada 100 mil 000 habitantes, y en Querétaro tenemos 3.8. Para alcanzar ese estándar necesitaríamos 450 jueces o personas juzgadoras”, señaló Guerra. Como alternativa, se están explorando herramientas tecnológicas, digitalización y mecanismos de solución alternativa de controversias para mejorar la eficiencia del sistema judicial.
El Renoa representa un avance significativo en la protección de los derechos de la infancia, asegurando que quienes incumplen con sus obligaciones enfrenten consecuencias legales y administrativas.
Sin embargo, señalaron que, su éxito dependerá de la difusión y el acceso a la información para que más personas conozcan su funcionamiento y lo utilicen como herramienta de exigencia de derechos.
