La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Defensoría Pública Penal aceptaron la recomendación emitida por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) tras confirmar violaciones a los derechos humanos en el caso de Esmeralda, una menor de Huimilpan acusada de homicidio luego de sufrir un aborto espontáneo, informó Javier Rascado Pérez, titular del organismo.
“Ambas autoridades aceptaron en tiempo y forma la recomendación, lo cual implica nuestro compromiso de vigilar su cumplimiento”, aseguró Rascado Pérez.
Como primer paso, se inscribió a Esmeralda y su familia en el Registro Estatal de Víctimas, lo que permitirá avanzar en la reparación integral del daño, incluyendo una compensación económica.
La recomendación también establece que las investigaciones en casos similares deberán realizarse con perspectiva de género, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
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Rascado Pérez subrayó la necesidad de capacitaciones en perspectiva de género como medida clave para prevenir la repetición de este tipo de violaciones. “Las capacitaciones pueden ser impartidas por la propia Defensoría o por otras instancias, pero son esenciales para la profesionalización del servicio público”, destacó.
Aunque las recomendaciones de la DDHQ no son vinculantes, el organismo reafirmó su compromiso de monitorear su implementación. “Estamos atentos para señalar cualquier incumplimiento, con el objetivo de garantizar que casos como el de Esmeralda no se repitan en Querétaro”, puntualizó Rascado Pérez.
El caso de Esmeralda ha generado un fuerte llamado a las autoridades para reforzar los mecanismos de protección y justicia con enfoque en los derechos humanos y la perspectiva de género, marcando un precedente en la defensa de las mujeres y niñas en la entidad.
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El ombudsperson Javier Rascado Pérez presentó una iniciativa de ley ante la 61 Legislatura del estado, que busca garantizar el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil.
“Es una iniciativa de ley construida desde la sociedad civil organizada, nosotros nuevamente somos el vehículo para poder poner sobre la mesa de este Poder Legislativo un tema que ya está resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por los diversos organismos internacionales a través de sus instrumentos de convencionalidad, por lo que se trata de una adecuación y armonización del marco legal queretano”, dijo.