Más Información
Los cabildos de los municipios queretanos estarán encargados de modificar sus reglamentos para para poder aplicar sanciones a quien no use cubrebocas, siempre que esa acción constituya un riesgo de contagio, informó Juan Martín Granados Torres, secretario de gobierno en el estado.
Aseguró que no existe una ley explícita para sancionar la falta de cubrebocas; sin embargo, desde 2013, existe la Ley de Convivencia Vecinal para fomentar la paz comunitaria, en la que uno de los lineamientos obliga a la ciudadanía a no generar acciones que pongan en riesgo la salubridad.
“Si en una situación detectada por unidades especiales anti-covid se presenta una persona sin cubrebocas, a pesar de que en esa situación existe el riesgo latente de contagio, se hará la sanción. Para eso los municipios harán la respectiva determinación en sus sesiones de cabildo”, explicó.
La justificación para ello, dijo, tiene razón en investigaciones científicas que demuestran la efectividad del uso de cubrebocas en determinados contextos. A través de la Secretaría de Salud, se recordó que es indispensable en espacios cerrados y sin ventilación.
Lo anterior, porque las partículas de saliva que se expiden al hablar, gritar, toser o estornudar, pueden esparcirse por el aire, de manera que su llegada a otras personas puede verse favorecida si se está en espacios cerrados, sin ventilación o no se guarda sana distancia.
“En la medida en que estemos en cercanía o en contacto con otra persona el cubrebocas es no solamente necesario, sino indispensable para evitar el contagio”, dijo.
En la nueva estrategia de salubridad, a través de marcos normativos se ampliarán las facultades sancionatorias de las diferentes autoridades a la par de un esquema digital de comunicación, para que las autoridades estén conectadas y permitan identificar a quienes han incurrido en alguna falta, ya sean comercios, lugares de trabajo, el espacio público y privado.
“Si alguna de las conductas implica la comisión de algún delito, tiene la obligación legal de generar la denuncia correspondiente ante la FGR o FGE, particularmente el proceso de supervisión que no tiene como finalidad el sancionar o el lastimar la economía, los derechos o libertades de los ciudadanía, sino la solidaridad.
“[Se busca] generar conciencia, el generar mayor participación ciudadana para cuidarnos entre todos”, finalizó.
