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La Secretaría del Bienestar tiene total disposición de acatar las resoluciones en cuanto a si el dinero se debe entregar directo a los padres de familia o a las estancias infantiles, pero es un proceso que aún no finaliza, sostuvo María González, coordinadora del programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.
Advirtió que padres de familia también se acercaron a la dependencia para revelar que, presuntamente, reciben presión de estancias infantiles, pues les exigen que entreguen a ellas el dinero que les da la Secretaría del Bienestar y los amenazan con que perderán el recurso económico si no lo hacen.
Argumentó que una de esas madres dijo que participó en un amparo colectivo, que ya no quiere estar en el proceso, y que desea que le regresen sus papeles, pero que además de que no le devuelven la documentación, la amenazan con que perderá el apoyo de la Secretaría.
“Muchas no se animan a hacer la denuncia, porque piensan que las responsables de las estancias las van a castigar, les van a hacer algo, y no es así”, afirmó.
Al momento ya se entregaron más de 9 millones de pesos a 3 mil 98 beneficiarios, lo que representa a más del 95 %. Los alrededor de 240 padres de familia restantes no pueden aún recibir el recurso debido, dijo, a irregularidades y falta de orden con que las estancias mantenían los archivos.
Afirmó desconocer si se podrían entregar los recursos de forma retroactiva, pues la secretaría cuenta con un fondo ya etiquetado para el programa.
Remarcó que aún no concluye el proceso legal, que conlleva diversas etapas, y enfatizó que aún no existe una orden para que entreguen el recurso a las estancias, pues existió una suspensión provisional, pero aún no se autoriza una suspensión definitiva a la determinación federal de retirar los apoyos a las estancias.
“No hemos sido notificados para ese pago, en el momento que se haga, nosotros, como autoridad ejecutora, o responsable, se tiene que acatar, y se va a acatar lo que el juez diga”, declaró.
Karla Barrera, del área jurídica, sostuvo que si se notificó del incidente por incumplimiento de entregar los recursos a las estancias, pero sostuvo que como área ejecutora, la instancia estatal debe obedecer lo que establezca el área central de la Secretaría del Bienestar. También afirmó que son 72, no 82 las estancias que atienden a 4 mil niños, a las que se les concedió la suspensión provisional.
