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En 2020, 150 escuelas de educación básica recibirán recursos del programa La Escuela es Nuestra que tiene por objetivo la mejora de los espacios educativos de las zonas más vulnerables, informó Alfredo Botello Montes, secretario de Educación en la entidad.
Explicó que los beneficiarios ya están recibiendo las tarjetas en donde se depositará el recurso que será aplicado directamente por los beneficiarios; se estima que las escuelas recibirán más de 25 millones de la federación.
“En educación básica se han entregado las tarjetas para la obtención del recurso de la Escuela es Nuestra que son 150 escuelas, la tarjeta con recursos que van desde los 200 a 500 mil pesos, entre ellas se encuentran escuelas Conafe, que tenían al menos tres años sin recibir atención del gobierno federal”, indicó.
De acuerdo con la SEP federal el programa La Escuela es Nuestra “tiene el fin de entregar directamente recursos para la construcción, mantenimiento, equipamiento y gastos fijos de los planteles de educación básica a las comunidades escolares, a través de un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP)”. Y busca que, con la participación de todos los integrantes de la comunidad escolar, se atiendan las carencias y necesidades de los planteles de educación básica, propiciando las condiciones para mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes.
Adicional a los recursos de la federación, el gobierno estatal comprometió dar un monto igual, en cada escuela beneficiada, para potenciar las acciones que decida la comunidad escolar.
Las estimaciones de gasto, que tiene el Poder Ejecutivo, dejan corto el presupuesto que destinará la federación —que fijó un techo de 500 mil pesos por escuela— pues una rehabilitación de pintura, por ejemplo, requiere apenas de esa cantidad, por lo que se desatenderían otras necesidades.
El gobierno estatal comprometió buscar los esquemas que permitan la aplicación y transparencia del dinero, ya que las reglas de operación de la federación obligan a los CEAP a hacer el reporte respectivo, mientras que el estado debe justificar el gasto ante las entidades fiscalizadoras.
