Más Información
La activista Maricruz Ocampo llamó a la Fiscalía y al ayuntamiento capitalino a que reclasifiquen las denuncias contra las mujeres a las que se acusa de realizar rayones en infraestructura pública el 8 de marzo.
“Requiere Querétaro de autoridades humanas, que escuchen a quienes se manifestaron y exigían justicia ante delitos que sufrieron.
“Un estado indolente es aquel que busca una pena de hasta 9 años contra quienes considera que cometieron rayones contra infraestructura, sin tomar en cuenta que sus denuncias no han sido atendidas”, dijo.
Agregó que entre a quienes se les iniciaron procesos se encuentra una joven que hace dos años denunció que fue víctima de abuso sexual; sin embargo, no ha tenido avance en su proceso ni ayuda sicológica, pese a que se intentó suicidar y por situaciones económicas, se vio obligada a abandonar sus estudios universitarios.
La activista explicó que nadie está a favor de pintar la infraestructura pública, pero no puede tenerse a autoridades que son más severas contra quien realiza un rayón que contra un agresor sexual.
“Tener un estado justo va mucho más allá de interponer sanciones, implica que quienes exigen justicia sean escuchadas y eso no ha ocurrido con las manifestantes”, comentó.
En contraparte, se tiene que desde el 2016 el estado de Querétaro aceptó las ocho recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), a la fecha únicamente ha aceptado una; se carece de una base de datos para conocer las agresiones que se reportan.
Además, existen municipios en los cuales hay una sola persona al frente del Instituto de la Mujer, también existen Fiscalías con un solo juez, que al ser mixto desconoce los protocolos que deben seguirse en la violencia contra la mujer.
Se recordó el caso de mujer, a quien el juez le hizo entregar a su marido una orden de restricción.
