Las familias de las víctimas del ‘trenazo’ en La Valla, San Juan del Río, sólo han recibido 200 mil, de los más de 500 mil pesos de la indemnización que por Ley les corresponde, informó el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.
En siguientes días, dijo, se reunirá con los deudos de las nueve víctimas del accidente de tránsito, para buscar esquemas de apoyo financiero y programas sociales.
“Yo voy a recibir en unos días a los deudos, como me comprometí, porque ellos no tienen la culpa de que no se pague el seguro, el proceso judicial va a seguir porque no se ha pagado y vamos a ver cómo los respaldamos; son familias y madres de familia que se quedaron solteras, con hijos y vamos a entrarle como gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Social”, indicó.
El hecho se registró el pasado 11 de octubre cuando un autobús de transporte público, que era tripulado por un hombre de 21 años, sin contar con el Tarjetón de Identificación del Operador (TIO), intentó cruzar las vías del tren.
Sin embargo, fue alcanzado por el ferrocarril, el cual golpeó de lado a la unidad y la volteó; el accidente provocó la muerte de nueve personas, entre ellas una bebé de meses de edad y una joven de 16 años.
El gobernador recordó que el Instituto Queretano del Transporte (IQT) revocó la concesión, es decir, se logró una sanción administrativa, pero continúa el proceso judicial.
“La unidad sí estaba asegurada, pero el seguro no ha dado el 100%, vamos a seguir todo el proceso con el concesionario, con el seguro, pero no los podemos dejar así, vamos a entrarle con ayuda de gobierno del estado, aunque después se pueda recuperar el 100% con el seguro”, comentó.
De acuerdo a lo que marca la Ley de Procedimientos Penales, el operador —que se encuentra en prisión— podría salir libre siempre y cuando el seguro pague el 100% de la indemnización, y si los familiares de las víctimas otorgan el perdón; este escenario no está contemplado, pues el seguro no ha respondido.
La Ley indica que en casos de homicidio doloso deben pagarse 5 mil salarios mínimos (es decir, 513 mil 400 pesos) más gastos funerarios; la acusación contra el imputado es por los delitos de homicidio y lesiones dolosas.
El gobernador agregó que se analiza la integración del servicio de transporte público en San Juan y si es necesario “cambiar de jugadores” lo harán; es decir, en caso de que requieran que el servicio esté operado por otros concesionarios.