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El gobierno de Querétaro podría enfrentar un juicio contra la empresa Flo Networks para exigir el pago de 68 millones de pesos, luego de que la compañía perforara el sistema de agua en la Zona Metropolitana de la capital en diciembre de 2023.
Luis Alberto Vega Ricoy, vocal de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), informó que aunque ya se ha avanzado en recuperación del monto, el proceso legal se ha complicado debido a limitaciones impuestas por las aseguradoras de la empresa.
Hasta la fecha las aseguradoras solo han reconocido 18 millones de pesos por los daños causados, de los cuales se han pagado 9.5 y medio millones y se espera que este mismo año quede saldado el pago de 8 millones y medio de pesos más.
Pero Vega Ricoy aclaró que la condonación del recibo de agua a los habitantes afectados que quedaron sin suministro por dos semanas, no está cubierta por las aseguradoras, ya que fue una medida discrecional tomada por el gobierno estatal.
“Hemos recibido cerca de 9.5 millones de pesos y espero que en los próximos meses se paguen los otros 7 u 8 millones que faltan. Sin embargo la negociación por los 50 millones restantes será complicada. Vamos a hacer hasta el último intento, porque la ley nos obliga a hacerlo, pero no hay garantía de que se logre”, comentó Vega Ricoy.
El vocal de la CEA explicó que la complejidad del caso radica en que los seguros son internacionales, según explicó el funcionario, y solo cubren una parte de los daños, sumado a que fue un decreto del gobierno el que condonó el pago de recibos de agua de los habitantes de la mancha urbana, y no lo fue como propuesta de la empresas.
“No ha habido propuestas para negociar una reducción del monto restante. Nos podríamos ver obligados a presentar una demanda judicial y ver hasta dónde llega”, señaló, sosteniendo que el gobierno estatal continuará exigiendo este pago que, cabe señalar, se realizó como un apoyo a al menos 50 colonias que se quedaron sin agua dos semanas o más tiempo.
Vega Ricoy reconoció que, aunque el gobierno podría intentar recuperar el monto total a través de un juicio, existe la posibilidad de que el proceso no sea favorable para el estado, pero sostuvo que el gobierno estatal está en su derecho de utilizar todas las herramientas disponibles para subsanar la afectación, primero a familias y luego a las arcas del estado.
“Si el juez determina que no están en su derecho, entonces habremos hecho lo que estuvo en nuestras manos, y el servidor público estará exento de responsabilidad”, explicó.
El funcionario subrayó que la CEA está comprometida a explorar todas las vías legales posibles para obtener el pago, pero advirtió que el resultado es incierto. “Es complicado, pero haremos hasta lo imposible para que sea posible. Sin embargo, es posible que tengamos que aceptar un resultado desfavorable si las condiciones legales no están a nuestro favor”, añadió.
