La activista Alicia Colchado Ariza urgió a las autoridades a no tratar de hacer invisibles los feminicidios que se registran en la entidad, pues eso impide adoptar acciones para combatirlos.
El llamado lo realizó luego de que hace unos días se encontró el cuerpo de una mujer en el kilómetro 14 de la carretera estatal 200, a la altura del Camino Real a Cerro Prieto, en el municipio de El Marqués.
Toda muerte violenta que se cometa en contra de mujeres debería catalogarse como feminicidio, mientras que únicamente se debe rechazar esa línea de investigación hasta que se encuentren elementos para determinar lo contrario, eso con base en la resolución de 2010 de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).
La también presidenta de la asociación civil Desarrollo comunitario para la transformación social, recordó que la resolución se dio en el expediente de Mariana Lima, en el cual la SCJN determinó que toda muerte violenta de mujer debe obligar a los órganos responsables de realizar una investigación con perspectiva de género para determinar la causa y únicamente producto de esa investigación podrá determinar si se trató o no de un feminicidio.
“Lo acontecido apenas hace unos días, en El Marqués, nosotras lo clasificamos como feminicidio; es delicado, apenas va iniciando el año y no es sólo un caso aislado que evidencia que la violencia en Querétaro va en aumento, y la inseguridad también, pero lo que sí es una constante es la actitud de los que gobiernan, que pretenden [hacer creer] que estos casos no suceden”.
Se trata de una situación delicada, y por tanto, obliga a que desde la sociedad civil se le de seguimiento a la forma en que las autoridades proceden.
“Estaremos dándole seguimiento a esta situación, y demandando que se esclarezcan los casos, y que se actúe en consecuencia para que no vuelvan a suceder”, dijo.
Otro de los casos en los que la asociación está pendiente, dijo, es el referente al feminicidio que se cometió contra Araceli, derivado del cual se interpuso la pena mínima de pérdida de libertad contra el asesino, de ahí que la organización civil solicitó un amparo contra la sentencia.
“Fue atacada el 31 de julio de 2016, el 9 de agosto, nueve días después, falleció. La muerte ocurrió a consecuencia de traumatismo craneoencefálico y heridas múltiples en el cuerpo. Ya pasaron dos meses de que se solicitó el amparo y aún no se obtiene respuesta”, contó.