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El 25 de noviembre se conmemorará un año más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Y aunque el tema está en los reflectores y cada vez hemos logrado hacerlo más visible; con decepción, vemos que las cifras no ceden y que, por el contrario, se siguen presentando casos lamentables de violencia y feminicidios en nuestro país.
Aún estamos muy lejos de conseguir la meta trazada por la Organización de las Naciones Unidas en los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030: “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.
Casos como el de Debanhi en Monterrey, Nuevo León, o el de Ariadna en la Ciudad de México (por poner dos ejemplos) son una muestra clara de que las autoridades no aplican correctamente los protocolos para investigar homicidios con perspectiva de género. No sirve de nada que existan convenciones internacionales, leyes federales y estatales, manuales y protocolos de actuación, cuando las autoridades no los aplican correctamente o, peor, los dejan a lado.
En ambos casos las autoridades ministeriales demostraron serias fallas en la investigación de los hechos y recopilación de información. Fueron aventuradas en dar versiones preliminares sobre la muerte de ambas jóvenes y, con base en ellas, determinar que no existía violencia de género. En el primer caso de Debanhí, la versión de la Fiscalía de Nuevo León se centró en que ella había “resbalado” a la cisterna donde fue encontrada, lo que mucha gente no aceptó. En el segundo, la Fiscalía de Morelos determinó aventuradamente que Ariadna murió de broncoaspiración. No obstante, por otros medios y mediante otros estudios, en ambos casos se demostró que las victimas sufrieron lesiones y violencia de género.
Sin que sea justificación, las deficiencias de las autoridades encargadas de la administración de justicia tiene su origen, en parte, por la falta de atención a la prevención. Basta con dar una revisión al ejercicio del presupuesto de egresos de la federación, donde específicamente en su anexo 13, que supuestamente conforma los montos que serían destinados a combatir la desigualdad entre mujeres y hombres; 9 de cada 10 pesos se están dirigiendo a los programas asistenciales del gobierno: pensión para adultos mayores, becas del bienestar, sembrando vida, entre otros.
Quiero ser muy clara, no estoy en contra de esos programas ni en apoyar a esos sectores, sino de que los recursos que, supuestamente sirven para un fin específico, terminen en otros temas y, de paso, se desatienda uno de los problemas más urgentes que enfrenta nuestro país: la inseguridad para las mujeres.
Las autoridades deben tratar el problema y atenderlo con profesionalismo y seriedad. No solo verlo como “grilla” política o como un tema aislado de “minorías” que se debe “apaciguar”. Sino como una verdadera emergencia que debemos atender y resolver. Hasta en tanto las autoridades encargadas del presupuesto, la distribución de recursos y la impartición de justicia, no entiendan que la violencia de género se trata de un problema multifactorial que debe ser atendido con seriedad, difícilmente podremos dar atención a las mujeres que son víctimas de este flagelo.
