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La delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Querétaro ya cumple tres semanas en paro y con las instalaciones tomadas por miembros de los pueblos originarios, debido al descontento con la delegada que fue designada y que por la toma de su sede incluso no ha podido ingresar a las instalaciones.
Carmen Álvarez fue designada como delegada, sin haber tomado en cuenta a los pueblos originarios, y cesando al anterior director, Doroteo Mendieta Osornio. Álvarez, de acuerdo con los manifestantes, enfrenta conflictos en otras delegaciones estatales, como en Puebla y San Luis Potosí.
La toma de las instalaciones se llevó a cabo el 31 de marzo pasado, cuando alrededor de las 15:00 horas, un grupo de integrantes de los pueblos originarios llegaron, desalojaron al personal que en ese momento trabajaba y cerraron la casa que ocupa el INPI.
Señalaron que las razones de la protesta también son por nepotismo, desvío de recursos, imposición de delegados en donde no se había hecho ninguna elección. Incluso, Carmen Álvarez tomó como representantes originarios a los delegados del municipio y no a los delegados de los pueblos originarios.
Recordaron que los pueblos originarios deben tener su propia autoridad y elegir a sus propias representaciones, que no reconoce Álvarez. Sólo reconoce a los delegados del municipio, lo que consideraron que significa que los recursos van a llegar al municipio, pero no a los pueblos originarios.
La delegación del INPI aglutina a pueblos originarios de la capital queretana, Tolimán, Bernal, Colón, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Amealco y parte de Guanajuato.
Los manifestantes enfatizaron en que aunque es una toma pacífica y ya han pasado tres semanas sin que reciban respuesta por parte de las autoridades, no descartan tomar otras medidas, como el cierre de algunas vialidades.
Recordaron que las autoridades aunque prometieron un acercamiento con ello, no ha pasado, pues buscaron el diálogo, pero no con todos los representantes, sino buscándolos de manera individual. Asimismo, recalcaron que lo que exigen es la renuncia de Carmen Álvarez, pues, además, la funcionaria tiene a su familia trabajando en el INPI.
