“Debe conservarse autonomía de las universidades, logro de libertad”, señaló el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes.
El funcionario estatal acudió a la Cámara de Diputados, donde presentó un pronunciamiento en los encuentros de audiencias públicas de las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, y donde participaron organismos educativos públicos, y autoridades educativas estatales y federales.
Estas audiencias públicas son con el fin de enriquecer la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que busca realizar reformas constitucionales en materia educativa a los artículos 3, 31 y 73 de la Carta Magna.
En este sentido, Botello Montes puntualizó que el artículo tercero constitucional ha sufrido 10 reformas para llegar a su conformación actual. La reforma de 1934, dijo, transformó integralmente la redacción del artículo tercero y a partir de ésta, las reformas han venido adaptando el artículo mediante reforma, adición o supresión de párrafos.
Cada reforma ha representado un parche a la redacción de la norma, en ocasiones con acierto y en otras no, consideró.
“Esta nueva iniciativa del Ejecutivo, así como la de los legisladores, aportan elementos que deben considerarse con toda seriedad. Propongo que la reforma se haga redactando el artículo en su integralidad, cuidando de no perder los avances logrados e incluyendo los elementos de transformación necesarios para el desarrollo de esta garantía constitucional”, agregó.
Además, consideró que la educación debe “fomentar el civismo, el amor a la patria y la cultura de paz”, como consideración sumamente necesaria y urgente, lo cual resulta evidente con la simple observación de la problemática social por la que atraviesa el pueblo de México y se debe conservar también la obligación de fomentar la conciencia en la solidaridad internacional.
Así mismo, destacó, la educación debe ser integral, intercultural y sin perder la identidad que nos caracteriza.
El secretario precisó que debe seguir basada en el progreso de la ciencia y continuar siendo laica, democrática, nacional y de calidad, en los términos de la redacción vigente y reconocerse como solidaria, equitativa e incluyente, de manera que llegue a todos en la justa medida, obligando al Estado a establecer las condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación, así como la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.