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Los municipios del estado de Querétaro ocuparon el octavo lugar en cuanto a la evaluación de los niveles de transparencia presupuestal, dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
La edición 2020 de esta evaluación se le denominó Barómetro de Información Presupuestaria Municipal, la cual califica los niveles de transparencia presupuestal de 287 municipios y alcaldías de las 32 entidades federativas, con base en obligaciones contables y presupuestarias, con el propósito de contribuir a eliminar las condiciones de opacidad.
Los estados cuyos municipios reportan mayor transparencia presupuestal son Coahuila, con 100%; Campeche, con 88%; Aguascalientes, con 69%, y Querétaro se colocó en el octavo lugar, con 61%.
El Imco había publicado el último reporte de este tipo en 2017, año en el cual Querétaro se situó en el lugar 10, con una evaluación de 51%. Esto indica que en tres años la entidad mejoró dos lugares en el ranking nacional y también mejoró 10% su calificación.
El Barómetro de Información Presupuestaria Municipal únicamente evaluó ocho de los 18 municipios que hay en el estado de Querétaro; Corregidora fue el mejor calificado, con 76% y el peor fue San Juan del Río, con 53%.
El reporte indica que Querétaro cuenta un presupuesto total para los 18 municipios que asciende a 14 mil 485 millones de pesos, de los cuales 46% son federales y el resto son recaudación propia.
El 28% de los recursos mencionados se gastan, dice el Imco, en servicios personales (salarios y prestaciones laborales), materiales y suministros (6%), servicios generales (25%), transferencias y subsidios (8%), inversión pública (24%), deuda pública (2%) y otros egresos (7%).
El estado, detalla, es el que más recauda en cuanto al impuesto municipal al patrimonio (predial). Capta 0.89% del PIB estatal; le sigue Quintana Roo (0.67%) y Baja California Sur (0.46%). Y los que menos recaudan son Campeche (0.04%), Tabasco (0.06%) y Michoacán (0.06%).
El Imco menciona en su evaluación que lo que más ocultan los municipios son los fideicomisos y programas municipales, así como el gasto para grupos vulnerables.
Asimismo, en la mayoría de los municipios, desglosa que en materia de deuda pública no se conocen las tasas de contratación, las garantías o fuentes de pago, ni el destino de la deuda pública municipal.
De igual forma, no se reportan los criterios hacendarios, las condiciones en las que se aprueban subsidios o incrementos salariales, ni para constituir fideicomisos.
Otro de los rubros menos cumplidos es el de presupuesto ciudadano, documento que los municipios y las alcaldías están obligados a publicar para difundir el presupuesto de egresos en un formato y lenguaje simple para rendirles cuentas a los ciudadanos.
Únicamente 48% de los municipios evaluados cuentan con este instrumento. Por otro lado, los tabuladores de salarios deben publicarse en los presupuestos municipales por mandato constitucional y sólo 61% de los municipios cumplen con la obligación.
El Imco propone una mejor legislación estatal en la que se establezca la estructura e información mínima que los municipios deben incluir en sus presupuestos de egresos.
