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De las más de 741 manifestaciones, marchas, plantones y expresiones dinámicas de la sociedad civil realizadas en Querétaro este año, el 60% ha estado relacionado con temas de agua, un rubro que se ha atendido, señaló el secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez.
En el marco de la presentación de la glosa del tercer informe de gobierno ante el Congreso local, el funcionario señaló que es un tema que distintos actores han tomado con mezquindad y tintes políticos que van más allá de la sociedad.
Recordó que la aprobación de la Ley de Aguas respondió a una petición del gobierno federal, al ser el único estado en el país que no contaba con un marco normativo en esta materia y, con ello, se garantizó el abasto de 50 litros mínimos por persona para más de 2.5 millones de personas en la entidad.
Destacó que Querétaro se posicionó como la segunda entidad con mayor estrés hídrico en el país, lo que demandó acciones contundentes para lo que se aprobaron más de 35 millones de pesos para llevar a cabo las acciones pertinentes de acuerdo a las condiciones regionales y de cada una de las comunidades.
“De ahí la importancia de la gestión que se tiene que hacer en equipo con la CEA, los municipios y demás dependencias para llevar a cabo una gobernabilidad en torno a un tema que hoy, sin duda, ocupa las primeras preocupaciones de los ciudadanos no sólo en Querétaro, sino quizá en el mundo”, dijo el funcionario estatal.
“Gracias a la construcción del Acueducto II, hoy cuatro de cada 10 queretanos de la zona metropolitana tiene garantizado el acceso al agua, sin embargo, hay una deuda histórica, con la comunidad de Maconí, en Cadereyta”.
La “deuda histórica” con habitantes de Maconí, en Cadereyta
Refirió que esta deuda proviene desde 2007 con acuerdos que fueron signados con esta comunidad que no se materializaron y fue hasta la actual administración que se retomaron las pláticas por la Comisión Estatal de Aguas, con la gestión de la Secretaría de Gobierno.
“Para ello se trabajó en la construcción de nuevos acuerdos que vinieran a suplir condiciones que ya habían sido superadas”, detalló. Este acuerdo que se está construyendo con la gente de Cadereyta, apuntó, está permitiéndonos terminar con un rezago de más de 17 años y cerca de 50 documentos que fueron signados y que nunca se cumplieron.
