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David Sánchez Padilla rindió protesta como magistrado del Tribunal de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Querétaro.
La propuesta fue hecha por el edil capitalino, Luis Nava Guerrero, y se aprobó por unanimidad durante sesión extraordinaria de cabildo realizada la tarde de ayer.
El alcalde aseveró que Sánchez Padilla es una persona con experiencia en asuntos de contraloría, por lo que cumple con el perfil académico para desempeñarse en este cargo.
Sin embargo, el funcionario fue removido en marzo de su cargo como coordinador de Movilidad en el municipio de Aguascalientes, supuestamente por la falta de resultados obtenidos desde su contratación, en septiembre de 2018.
Parte de su trayectoria profesional que se leyó durante la sesión es la siguiente: licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), cursó un diplomado en Métodos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, laboró en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la sala regional centro 2, también formó parte de la Secretaría Ejecutiva de El Marqués; fue responsable de desarrollar proyectos de modernización y mejora en el transporte público, se desempeñó como secretario particular del director general del Instituto Queretano del Transporte.
En tanto, Sánchez Padilla manifestó que primero se pondrá al corriente con los trabajos que lleva a cabo el Tribunal para darles seguimiento y resolver aquellos que tengan fecha límite.
“Cuestiones en materia de mejora regulatoria para poder hacer todas las cosas más ágiles dentro del propio tribunal, eso sería lo inmediato, el buscar como poder hacer las cosas más rápidas y de mejor forma posible”, expresó.
Refirió que estará al frente del cargo hasta que concluya la actual administración o hasta que el ayuntamiento lo determine de otra forma.
Aseguró que en materia administrativa tiene siete años de experiencia, y alrededor de 11 años en el ramo del derecho.
El Tribunal de Responsabilidades Administrativas es el organismo público desconcentrado del ayuntamiento con autonomía técnica para llevar a cabo procesos sancionadores en contra de funcionarios públicos por actuar de forma incorrecta o infringiendo la ley en diversos aspectos.
