La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro informó que no habrá declaraciones por la postura de la diputada local Elsa Méndez Álvarez, respecto a que podría solicitar un juicio político en contra de la Presidenta de la DDHQ, Roxana Ávalos Vázquez, esto al considerar que vulneró su libertad de expresión, religiosa y de pensamiento.
Comunicación de la Defensoría indicó que, por el momento, no habrá entrevistas sobre el tema y que la presidenta respeta la opinión de la diputada.
Por separado, la activista Alicia Colchado Ariza, quien fue una de las tres personas que interpusieron quejas contra Méndez Vázquez, consideró que las declaraciones de la diputada únicamente evidencian su falta de conocimiento sobre el tema de los derechos humanos.
La también presidenta de Desarrollo Comunitario para la Transformación Social indicó que el proceso continúa, y que al rechazar el documento de reparación de daños que le emitió la Defensoría, la legisladora ahora deberá recibir una recomendación por parte de esa instancia.
“Me parece que la táctica de la doctora Roxana fue apropiada en el sentido de decirle: ‘Mira, sí hubo este error, pero tienes posibilidad de enmendarlo. Reconócelo y vayamos caminando, juntas y juntos, para erradicar ya esa discriminación [contra la comunidad LGBTI+]”.
Explicó que en vez de generar una recomendación, la Defensoría decidió iniciar un procedimiento menor contra la legisladora del PAN, pero, al rechazarlo, ahora se deberá emitir el nuevo documento.
“Le guste o no le guste a la diputada, y lo quiera o no lo quiera. La doctora Roxana tendría que decir ‘Ya me lo rechazaste. Punto número dos: el procedimiento dice que tengo que seguir emitiendo la recomendación’”.
Pese a que la recomendación sea aceptada, no lleva consigo una amonestación, de ahí que debe retomarse la propuesta de que toda violación a derechos humanos vaya acompañada de una vinculación de responsabilidad, lo que impactaría en las recomendaciones de la DDHQ y en las de la CNDH.
Las activistas se mantendrán alertas para denunciar el actuar tanto de la legisladora como de cualquier funcionario, pues sus decisiones repercuten en beneficio o perjuicio de la población.
“Para todos los que están en un puesto de elección popular, el mayor costo es el número de votos; lo ven siempre como la posibilidad de mantenerse en un trabajo”, finalizó.