El gobierno municipal de Querétaro todavía no ha sido notificado de alguna denuncia o queja interpuesta por la diputada local del PAN, Elsa Méndez, esto después de que anunciará que actuaría de forma legal por el supuesto abuso que dos policías municipales realizaron en contra de personal que trabaja con ella, así lo dio a conocer el Secretario de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez.
“No he sido notificado que se haya iniciado algún procedimiento de esta naturaleza (…) El elemento habló con ella como con todos los actores políticos, no la interrogó”, destacó.
Recordó que semanas atrás, en una plática que entabló con la legisladora le confirmó que interpondría algún recurso ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y otra ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, ninguno de los dos órganos le ha notificado de algún proceso iniciado en contra de alguna dependencia o empleado del gobierno municipal.
“No tenemos aviso ni por parte de la Defensoría ni por parte de la Fiscalía que se haya iniciado algún procedimiento de esta naturaleza”, enfatizó
Además de este altercado protagonizado por la diputada, días atrás la DDHQ emitió una recomendación en su contra, esto luego de que activistas de la comunidad LGBTI presentaran una denuncia por mensajes, posicionamientos, publicaciones y discursos discriminatorios en contra de este sector de la población.
En la recomendación se establece que el discurso de Méndez contiene mensajes discriminatorios para los integrantes de la comunidad LGBTI, los cuales violentan el derecho a la igualdad y el trato digno.
El documento emitido firmado por la presidenta del órgano, Roxana Ávalos Vázquez, refiere que con fundamento al artículo 90 de la Ley de Derechos Humanos (DDHQ), se le solicita a la diputada panista exhibir en un plazo no mayor a quince días —a partir de la recepción del documento con fecha del 27 junio— un proyecto de Acuerdo de Responsabilidad.
Después de este resultado Méndez manifestó que ha sido blanco de un discurso de rencor por parte de aquellas personas que quieren imponer una educación que viola la Constitución.
Su abogado, Julio Aldape argumentó que Ávalos Vázquez violó los derechos de la servidora pública al emitir la carta de responsabilidad, y calificó el actuar como una mordaza a la libertad de pensamiento, incluso la llamó policía ideológica.