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Querétaro no implementará el Operativo Mochila en las escuelas en la entidad, ya que esto vulnera la privacidad de los estudiantes, mientras que la instalación de detectores de metales al ingreso de las instituciones educativas también podría tener repercusiones jurídicas, señaló la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón.
Indicó que, al igual que como sucedió durante la pandemia, será en conjunto con los padres de familia con quienes se deberá trabajar estrechamente para que lo ocurrido en la primaria Miguel Hidalgo, en la comunidad de Miranda, en El Marqués, no vuelva a suceder en ninguna otra institución educativa de todo Querétaro.
“Ha sido un sentir de prácticamente todos los queretanos la operación mochila, pero recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace ya un rato, le mandó una recomendación a la SEP y de las recomendaciones, lo que nosotros como estado podemos rescatar es que lo mejor es que la operación mochila la hagan los propios padres para no vulnerar. Los derechos de los menores y sus pertenencias, eso es parte del impedimento jurídico que existe de protección a los derechos humanos”, precisó.
Si un operativo como este es deseo de la comunidad, dijo, deberá ser a través de la organización de los propios padres de familia, quienes deben de solicitarla a la institución educativa a la que asisten sus hijos, para que sea en lo particular la implementación de este operativo.
“Estas circunstancias, después de la pandemia, nos dan cuenta que sin los papás no podemos trabajar, tenemos que trabajar de manera conjunta como lo fue en su momento los filtros sanitarios. Cada escuela es distinta, cada escuela tiene una realidad diferente y los papás podrían organizarse así como lo hicimos en pandemia”, refirió.
Tendría que darse una organización similar a la que se dio durante la emergencia sanitaria para implementar un operativo de acción en la que todos estén de acuerdo, por lo que dijo, el permiso tendría que darse por escrito en cada caso.
“Se ha dicho muchas veces que los padres de familia estén a cargo de la operación porque si lo hace alguien más sin alguien del personal de las escuelas y el permiso expreso de los padres, se puede caer en vulneración de derechos humanos y en el interés superior del menor, sobre todo”, abundó.
A nivel nacional tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Nacional de Derechos Humanos han rechazado esta medida, de entrada los ministros de la corte la consideran inconstitucional y por parte de la CNDH, argumenta que este operativo criminaliza a los niños al hacer este tipo de revisiones.
Sin embargo en el país hay 18 estados que han aplicado esta medida, entre otros, la Ciudad y el Estado de México, Tlaxcala, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, entre otros.
