La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) buscará evitar que se incremente la presión financiera derivada de las pensiones, utilizando tres fideicomisos que sirven de apoyo parcial al pago de este derecho laboral de los trabajadores, señaló la rectora Teresa García Gasca.
Hasta ahora, recordó, no se habían utilizado los fideicomisos para este fin, lo que significó aumentar la presión financiera a la UAQ. Por otro lado, de utilizarse el 100%, se terminaría en tres años, es decir, en el pico máximo de nómina de jubilaciones y pensiones en 2027.
“La Universidad, hasta ahora, no había usado los fideicomisos. Antes se iban alimentando a través de la gestión de fondos federales que ya se han extinguido, entonces los fideicomisos van recuperando básicamente los intereses y esto nos deja en desventaja en términos del crecimiento de los tres fideicomisos”, explicó.
Por ello, se llegó a una tercera vía en la que la UAQ aportará el 54% de dicha nómina y los fideicomisos el resto, lo que permitirá que los recursos de este segundo mecanismo termine en 2038, con la esperanza de que la carga de las jubilaciones se reduzca.
Los estudios actuariales, además, propusieron otra opción; la aportación del 34% de los recursos de dicha nómina por parte de los fideicomisos. Esta opción es para García Gasca poco conveniente, pues significaría usar hasta 2034, pero con un remanente que ya no se podrá utilizar, pues su único objetivo es para pagar las nóminas de jubilaciones.
“A partir de ahí, quedaría un remanente que ya no se puede utilizar porque el único objetivo es el pago de la nómina de jubilaciones y pensiones. Entonces tampoco es benéfico que quede el remanente, lo mejor es utilizarlo para que nos alcance el mayor tiempo posible hasta que se agote”, explicó.
Los fideicomisos, además, están creciendo con los propios intereses bancarios que generan; sin embargo, dejaron de recibir aportaciones del gobierno federal, lo que implica que haya aún menos recursos para sostener estos pagos a los trabajadores.
Finalmente, la rectora explicó que será la administración de la rectora electa, Silvia Amaya, la que deberá encargarse del análisis de las opciones y de lograr un consenso con los sindicatos de profesores y personal administrativo, pues cabe recordar que se trata de un tema que afecta derechos laborales de los trabajadores.
