Los vecinos de la gasolinera El Porvenir hicieron un llamado al gobierno del estado y al municipio de Querétaro para poner un alto al empresario de la estación de servicio, ya que ha recurrido a intimidaciones y agresiones físicas y verbales para lograr que la estación de gas entre en funcionamiento.

Suponen que el empresario podría estar coludido con las autoridades en turno o que tiene intereses económicos, ya que actualmente tienen permisos municipales firmados por la secretaria de Desarrollo Sostenible municipal, Tania Palacios Kuri; pero hay dictámenes vigentes de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, en los que desde el 2008 confirman que no hay condiciones para su instalación.

Además, confirmaron que en el transcurso de la semana será interpuesta otra denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por daños a un vehículo, la cual se suma a la otra denuncia que se presentó el viernes pasado por daños a otros dos autos, así como la agresión a la presidenta de colonos.

También serán presentadas las quejas ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro por la falta de acción al llamar al 911 por los hechos de violencia verbal y física que se registraron en dicha estación el jueves pasado.

Al respecto, el gobierno municipal de Querétaro informó que no será renovada la licencia de funcionamiento de la gasolinera para este 2023, esto después de los hechos suscitados la semana pasada donde, también, periodistas resultaron agredidos físicamente por presuntos grupos de choque.

Además, aseguran que darán acompañamiento y respaldo a cada una de las personas afectadas que así lo requieran.

En el comunicado de autoridades se incluye un audio del secretario de Gobierno, Arturo Molina, en el que reitera que no serán permitidos este tipo de hechos, ya que en Querétaro los temas no se resuelven por la vía de la violencia, sino a través del dialogo y la legalidad.

“No permitiremos que actos lamentables como los acontecidos hace unos días vuelvan a suscitarse. Insistimos: nuestro compromiso y respaldo es con las y los afectados, para dar seguimiento con las autoridades competentes y se aplique, sin distingos, todo el peso de la ley (…) Cuenten con la garantía de nuestro municipio para preservar, en todo momento, el orden público y el interés general para una sana convivencia”, expresó el documento.

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