Colectivas feministas en el estado tienen identificadas más de 160 carpetas de investigación por delitos relacionados con violencia digital, la mayoría ubicadas en la Sierra Gorda de Querétaro, las cuales no han podido avanzar porque “la Fiscalía trabaja de manera muy lenta”, lamentó Mayra Dávila, fundadora de Adax Digitales.
Estas carpetas, indicó, tienen alrededor de dos años en búsqueda de justicia. Sin embargo, son procesos a los que la autoridad ha buscado darles “carpetazo” sin llegar a la obtención de justicia.
“Por ejemplo, en El Marqués, la víctima era menor de edad en ese momento, y debió tratarse incluso como pornografía infantil. No se hizo y lo que terminó sucediendo es que la chica intentó suicidarse y va a haber audiencia para evitar el no ejercicio de la acción penal. Es una aberración que existan esas carpetas con dos años, y que la determinación de la Fiscalía quiera ser el ejercicio de la no acción penal”, dijo.
Ante este lento actuar de la Fiscalía General del Estado y “la nula” respuesta por parte de la Policía Cibernética, se está buscando crear mecanismos para que este ente policiaco sea el primer respondiente.
“Tenemos casos en donde se está difundiendo un video sexual, le llaman a la Policía Cibernética y ésta dice que no puede hacer nada para bajarlo, mientras la mujer sigue siendo difundida, se viraliza y está en el espacio virtual disponible para descargar imágenes y la Policía Cibernética dice que no puede hacer nada”, expuso.
Por ello es que, dijo, se requiere de un mecanismo que ayude a que esta policía sea primera respondiente, que pueda bajar videos y, entonces, la FGE pueda continuar el proceso.
“Lo que nosotras hemos tenido que hacer, de tantas carpetas y tantos casos que hay, es ya no tomar carpetas de investigación y canalizarlas al bufete jurídico de la Secretaría de Gobierno, al bufete jurídico de la UAQ, al Instituto Queretano de las Mujeres o a los Institutos Municipales, porque estamos rebasadas y no podemos seguir atrayendo más casos: tenemos de dos, tres años”, agregó.
Aunque se han derivado casos a estas instancias, Mayra Dávila lamentó que la gran mayoría regresan a Adax Digitales porque dependencias como el IQM no cuenta con representación jurídica para mujeres, y es sólo asesoría.
“Es pura asesoría, o sea, van y les dicen. Ve a la fiscalía y lleva esto y esto y haz esto y en los demás bufetes también. En el bufete jurídico de la Secretaría de Gobierno, no lleva, por ejemplo, cosas en el ámbito penal, sólo en el ámbito civil y familiar y lo único que hacen es asesorarlas también”, dijo.
