El gobierno catalán había solicitado la anulación de la sentencia para que el gobierno Español aplique el artículo 155 de la Constitución, para frenar la secesión de Cataluña e intervenir su autonomía
Como parte de las medidas acordadas por el Consejo de Ministros se establece un plazo máximo de de seis meses para restaurar la legalidad en esa región autónoma