Las máximas autoridades estatales de defensa de los derechos humanos de Honduras y El Salvador alertaron sobre el impacto regional que tendría que el gobierno de Estados Unidos despoje a unos 252 mil migrantes irregulares hondureños, salvadoreños y nicaragüenses de un beneficio de estadía temporal en suelo estadounidense y ordene su deportación masiva a Centroamérica en los primeros meses de 2018.
El hondureño Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, previno que la expulsión masiva “no es admitida” en el sistema interamericano de derechos humanos.
La salvadoreña Raquel Caballero de Guerra, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, adujo que está demostrado que la inmigración tampoco es una carga económica o social para EU sino “una importante contribución” a la sociedad estadounidense.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras son instancias estatales que actúan como defensores del pueblo o de los habitantes en esas naciones.
La advertencia se produjo en vísperas de que, en una decisión que debe de adoptar este fin de semana o el próximo domingo, el presidente de EU, Donald Trump, acepte o rechace prorrogar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) y exponga o evite dejar a unos 57 mil hondureños, a unos 190 mil salvadoreños y a unos 5 mil nicaragüenses a expensas de ser deportados de ese país el próximo año.
El TPS, prorrogado varias veces, fue concedido por EU en 1999 a Honduras y Nicaragua para auxiliarles por el azote en 1998 del huracán Mitch. Los salvadoreños son favorecidos desde 2001 por un terremoto ese año en El Salvador; la extensión del Estatus se acepta o rechaza cada 18 meses, según la información oficial.
Haití, Nepal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen también son favorecidas por este programa con el que EU auxilia en situaciones dramáticas como tragedias naturales o conflictos bélicos.
La inquietud regional emergió luego de que el gobierno de Trump anunció a mediados de este año que los migrantes que viven en EU bajo ese plan deberían pensar en retornar a sus países, porque sus beneficios tampoco son indefinidos. El TPS concede residencia temporal en vez de permanente, permite permanecer y trabajar legalmente en EU y pagar impuestos, entre otras ventajas.
Los gobiernos de Honduras y El Salvador despliegan esta semana una ofensiva diplomática y política en Washington, para tratar de convencer al gobierno de Trump de que prorrogue el TPS, por el riesgo de que las deportaciones masivas que comenzarían en los primeros meses de 2018 tendrían un profundo y grave efecto negativo en esas naciones que dependen, en gran parte, de los dineros que sus ciudadanos envían anualmente desde EU.
El Banco Central de El Salvador reportó que de enero a septiembre de 2017, ese país recibió 3 mil 684, 5 millones de dólares en remesas familiares y la mayoría procedentes de EU, en un crecimiento de 347.3 millones de dólares o 10.4% sobre el mismo periodo de 2016. El total de 2016 fue de 4 mil 576 millones en 2016, 306 millones de dólares más que 2015.
El Banco Central de Honduras informó que las remesas, en su mayoría de EU, sumaron 3 mil 949 millones de dólares en 2016, frente a 3 mil 649 millones de dólares en 2015. De enero a junio de 2017 totalizaron 2 mil 178 millones de dólares, en un aumento interanual de 13.2%.
En este contexto, las condiciones de violencia, inseguridad y crisis económica en Honduras y El Salvador que generaron la migración desde hace varios años de salvadoreños y hondureños a EU siguen sin grandes cambios.
Carga económica. La procuradora salvadoreña afirmó que los 190 mil salvadoreños que viven al amparo del TPS “a lo largo de los años han demostrado que la inmigración no supone una carga económica o social, sino que por el contrario constituye una importante contribución en diversos ámbitos a la sociedad estadounidense, tales como el educativo, profesional, político, cultural, laboral y económico”.
“Ante un eventual retorno forzado y masivo de personas, es necesario que la Dirección General de Migración y Extranjería se prepare con la anticipación debida, para ampliar los programas y las condiciones para la recepción de nuestros compatriotas”, con más recursos financieros, explicó Caballero de Guerra.
Urge “promover una mejora sustancial del programa de reinserción integral para los salvadoreños retornados, que les dé la posibilidad de continuar con su proyecto de vida en El Salvador, garantizando sus derechos económicos y sociales”, aseguró.
Sin embargo, advirtió que “la adopción de programas como el TPS y las prórrogas del mismo, constituyen decisiones soberanas del gobierno de EU, las cuales hasta ahora han brindado la posibilidad a nuestros compatriotas de radicar en ese país y acceder a un empleo, contribuyendo a la construcción y sostenimiento de sus proyectos de vida”.
Estándares. Las deportaciones masivas de personas “no son admitidas en los estándares interamericanos, ni de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ni por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, afirmó el comisionado hondureño.
“Tiene que hacerse el análisis individualizado, ya que las deportaciones masivas están prohibidas en los estándares interamericanos”, recalcó Herrera, al subrayar que si no hay sustento para renovar el TPS, por lo menos debe existir un estatus que reconozca la presencia, el tiempo que han llevado y el aporte de los hondureños en EU.
“Tiene que analizarse caso por caso y garantizarle a cada persona las garantías procesales adecuadas para que cada uno pueda defenderse adecuadamente y pueda justificar el por qué tiene ese derecho de seguir permaneciendo en EU”, argumentó.