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El Parlamento catalán suspendió este sábado la investidura de un nuevo presidente regional por el encarcelamiento del candidato independentista Jordi Turull tras un duro golpe judicial contra la cúpula separatista que sitúa Cataluña en un nuevo bloqueo político.
El viernes, el juez que instruye el intento de secesión de octubre inculpó a 25 líderes separatistas, 13 de ellos por rebelión, decretó cárcel preventiva para cinco, elevando a nueve el número de políticos presos, y emitió órdenes de captura contra seis independentistas en el extranjero.
Uno de ellos es el expresidente regional Carles Puigdemont, cesado del cargo por Madrid tras la fallida declaración de independencia del 27 de octubre, que se encontraba este sábado a punto de abandonar Finlandia de vuelta a Bélgica, donde reside actualmente.
La policía finlandesa recibió la orden de arresto y confirmó la activación el procedimiento de extradición, pero a media jornada no podía confirmar si el expresidente fugado se hallaba aún en el país.
"Finlandia ha recibido una euroorden de arresto de un ciudadano español que visita" el país, por lo que se activará "el procedimiento normal de extradición", indica un comunicado de la Oficina nacional de investigación (NBI) finlandesa, refiriéndose a Puigdemont.
"El paradero de la persona no es conocido actualmente por las autoridades", agrega sin embargo la NBI.
Puigdemont viajó a Helsinki para reunirse con diputados de este país y participar en un seminario en la universidad de Helsinki.
El parlamentario que organizó la visita de Puigdemont, Mikko Karna, dijo a la prensa que no ha estado en contacto con el político catalán desde el viernes.
En entrevistas a varios radios catalanas, su abogado Jaume Alonso Cuevilla recordó que cuando las autoridades belgas recibieron una euroorden, después retirada por España, este se presentó ante la justicia de ese país y aseguró que "volverá a hacer lo mismo".
PLENO SUSPENDIDO
Mientras, en Barcelona, escenario en la víspera de fuertes protestas contra la decisión judicial que terminaron con 37 heridos, los diputados catalanes se reunían en el Parlamento para encontrarle sucesor.
Pero su empeño quedó nuevamente frustrado por la justicia, que en las semanas anteriores había impedido la investidura de Puigdemont y del activista preso Jordi Sánchez.
"El candidato a la presidencia de la Generalitat (gobierno catalán, ndlr) está en la prisión junto a otros diputados de esta cámara", constató el presidente de la cámara catalana, el independentista Roger Torrent.
El jueves se había celebrado la primera sesión del debate pero, aunque los independentistas disponen de mayoría absoluta desde las elecciones de diciembre, Turull no pudo ser investido por la falta de apoyo de la facción más radical y este sábado debía someterse a una segunda votación.
"Es evidente que en estas condiciones el pleno no se puede celebrar", dijo Torrent ante un auditorio taciturno y cuatro escaños vacíos ocupados por grandes lazos amarillos con los que reclaman la libertad de los políticos presos.
En la tribuna de espectadores estaban los familiares de algunos de los encarcelados, a quienes se dedicó un cerrado aplauso, y entre las filas separatistas numerosos diputados mostraban rostros llorosos o se fundían en largos abrazos.
Trece de los procesados -exmiembros del gobierno, parlamentarios y líderes de asociaciones separatistas- se enfrentan a hasta 30 años de prisión por el cargo de rebelión, el más controvertido, ya que implica la existencia de violencia, algo que los independentistas niegan.
"Lo que ocurrió ayer es un ataque al corazón de la democracia", aseguró Torrent en un acto institucional posterior al pleno, en el que no se celebró la votación prevista pero sí que intervinieron los diferentes portavoces parlamentarios.
"FRACASO COLECTIVO"
Inés Arrimadas, la líder del partido antinacionalista Ciudadanos, la mayor bancada del arco parlamentario, arengó a sus rivales a abandonar el proceso de secesión y les recriminó haberse saltado las leyes celebrando un referéndum ilegal de autodeterminación o proclamando la secesión.
"Este proceso ha sido un fracaso colectivo de toda Cataluña (...) Esta reflexión ustedes de verdad la tienen que hacer: ¿a quién ha servido el proceso?", les reprochó recordando la división social y la incertidumbre económica causadas en esta región de 7,5 millones de habitantes y con un 20% del PIB español.
Además, el intento de crear una república separada del Reino de España terminó con la pérdida temporal de la autonomía de Cataluña, controlada directamente por el gobierno español a raíz de la declaración de secesión del 27 de octubre.
Esta intervención se mantendrá hasta que los independentistas escojan un presidente y este forme gobierno. De no conseguirlo antes del 22 de mayo, la región se verá abocada a unas nuevas elecciones.
