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Managua.— Los manifestantes “autoconvocados” de Nicaragua anunciaron una jornada para celebrar los primeros 100 días de protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, a quien responsabilizan de la crisis que ha dejado entre 295 y 351 muertos desde abril.
“El pueblo nicaragüense despertó y demandó que la justicia, la democracia y la libertad, son esenciales para construir nuestro país. Hemos mostrado una valentía admirable al enfrentar cívica y pacíficamente a un régimen que ha utilizado las formas de violencia más crueles e inhumanas contra nuestros hermanos”, informaron los “autoconvocados”, aglutinados en ocho movimientos rebeldes.
En una jornada denominada “¡100 días sembrando libertad!”, los manifestantes realizarán plantones artísticos en las ciudades de Managua, Tipitapa, Granada y Jinotega.
También llamaron a la población nicaragüense a lucir camisetas blancas con la frase “prohibido olvidar” en color rojo, para recordar la sangre de los fallecidos en las protestas.
“No estamos solos. Hay naciones enteras pendientes de nuestra lucha. Hemos sentido la solidaridad desde todos los rincones del mundo”, agregaron los manifestantes, en un comunicado.
En tanto, la Policía de Nicaragua presentó ayer a cuatro personas detenidos en la “Operación limpieza” y a las que acusan de “terrorismo”.
Denis Hernández Gutiérrez, Yamileth Gutiérrez Moncada, Jezlel Úbeda y Joel Villagra fueron detenidos hace dos días en el barrio Sandino, bastión opositor al gobierno. El grupo se sumó a una lista de más de 700 personas arrestadas en las dos últimas semanas por el delito de “terrorismo”, según las organizaciones humanitarias establecidas en Nicaragua.
El actuar de la policía local fue criticado ayer por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Esta Policía Nacional dejó de ser profesional hace mucho tiempo, no hay que asumir con certeza sus comunicados”, dijo a la prensa Gonzalo Carrión, el experto legal del Cenidh,
Contrastó la agilidad con que la policía nicaragüense presentó a los acusados de “terrorismo” con el caso de la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Lima, asesinada en Managua. El autor del crimen de la brasileña no ha sido identificado, pese a que la institución policial dijo que se trata de un “guardia de seguridad privada”.
Por su parte, la esposa del alcalde de Mulukukú, Apolonio Fargas, miembro del opositor Partido Liberal, y quien fue detenido el martes, dijo que en el municipio, ubicado al noreste de Managua, se vive un éxodo de personas que temen represalias.
“Los policías hacen daño a nuestro municipio, la gente ha tenido que huir”, dijo ayer María Auxiliadora García, esposa de Fargas, quien precisó que entre las personas que han salido están los hijos del alcalde.
Agregó que el alcalde fue “detenido ilegalmente”, acusado de planear la muerte de tres agentes y un civil.
Ayer, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, llamó a los fieles a “no dejarse provocar”, ante las agresiones del gobierno.
En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al gobierno de Ortega de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”. Su denuncia fue apoyada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las autoridades niegan las acusaciones.
