Washington.— Una coalición de organizaciones no gubernamentales denunció como electorera y antiinmigrante la propuesta del gobierno del presidente Donald Trump que pretende negar la residencia estadounidense a personas que reciban beneficios sociales.
El plan de la Casa Blanca, que se divulga a dos meses de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, afectaría a cientos de miles de migrantes legales que reciben ayuda oficial, como estampillas de comida, y que planean convertirse en Residentes Legales Permanentes.
“No hay racionalidad para esta propuesta. Es un ejemplo de lo peor de Donald Trump y [de su asesor] Stephen Miller. Están usando a los inmigrantes como chivos expiatorios para entusiasmar a su base”, declaró María Elena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias.
Inusualmente divulgada durante un fin de semana, la propuesta de la Casa Blanca, de 447 páginas de extensión, requiere aún ser publicada en el Diario Oficial (Federal Register) y ser sometida a un periodo de 60 días de comentarios públicos.
La iniciativa establece que se podrá negar la green card a inmigrantes que utilicen cupones para alimentos, vales de vivienda y otras formas de asistencia pública. Las leyes federales de EU de antemano exigen que quienes solicitan la green card demuestren que no serán una “carga pública”, pero las nuevas normas detallan una extensa cobertura de programas cuyo uso podría descalificarlos. Entre ellos se encuentra el Medicaid, un programa gubernamental de asistencia médica para los pobres o discapacitados.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló el sábado que la recepción actual y anterior de ciertos beneficios públicos por encima de ciertos límites será considerada “un factor considerablemente negativo” en los criterios para otorgar tarjetas de residencia permanente, así como visas temporales.
Hincapié, quien encabezará la campaña de resistencia a la propuesta, adelantó que planean enviar hasta 100 mil opiniones en contra de la propuesta durante el periodo de consultas y que están examinando “estrategias de litigación” para presentar una demanda.
La propuesta de Trump fue vista como una restricción de facto a la inmigración legal con base en los ingresos porque pondría a los inmigrantes en la disyuntiva de elegir entre recibir beneficios sociales, como comida o ayuda médica subsidiada, o hacerse residentes legales.
Aunque la Casa Blanca estimó que podría afectar a unas 382 mil personas, los activistas creen que el efecto podría ser mayor e incluso afectar a comunidades enteras, por los efectos adversos de la pérdida de seguro médico entre las personas de más bajos ingresos.
Colleen Kraft, presidenta de la Academia Americana de Pediatría, apeló al presidente Trump, a “rescindir inmediatamente la propuesta”, porque aún no ha sido publicada de manera oficial.
“Millones de niños están a punto de ser negados de servicios nutricionales básicos”, expuso.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) argumentó en un comunicado que la regla busca asegurar que todos aquellos que permanecen en Estados Unidos, sea de manera temporal o permanente, se puedan mantener por sí mismos y no ser una carga pública.
Los activistas insistieron en el carácter político electoral de la medida, que ha estado siendo considerada desde hace varios meses y que se divulga en la recta final hacia las elecciones legislativas de noviembre.
“La propuesta regla es otro producto de la agenda antiinmigrante de Trump, ahora contra migrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses. Esta propuesta perniciosa debe ser rechazada”, señaló Clarissa Marinez, de Unidos US, antes Consejo Nacional de la Raza.
Al igual que las otras ONG, Unidos US hizo un llamado general a enviar sus puntos de vista sobre la propuesta durante el periodo de comentarios.
arq